El presidente de ANDE debería encabezar una cruzada para erradicar la criptominería mau, pero se mantiene callado, opinan inversionistas legales del negocio de la moneda virtual, que significa sumas colosales en robo de energía y postergación del servicio eléctrico para miles de hogares.
El presidente de la Administración Nacional de Energía (ANDE), Ing. Félix Sosa, es señalado con el dedo índice por el robo en cadena de energía eléctrica a través de minerías clandestinas de criptomonedas, una especialidad informática encargada de validar transacciones de la red Bitcoin o moneda virtual, que experimenta una escalada en Paraguay con la electricidad disponible de Itaipú y Yacyretá.
Transformar energía en un activo y con ello generar ingresos millonarios, o riqueza rápida, es una opción de valor practicada en el mundo virtual que, a través de granjas o minas, activa las transacciones a nivel mundial.
Paralelo a las más de 50 industrias criptomineras que operan de forma legal en Paraguay, se multiplican las granjas ilegales que significan miles de millones de guaraníes en robo de energía eléctrica a la ANDE.
En este contexto, referentes formales de la industria electrointensiva coinciden en instalar la responsabilidad de la ANDE, a través de su presidente, no solo en la multiplicación de las factorías ilegales del negocio sino en la impunidad.
“Es imposible concebir que la propia ANDE no se ponga el sayo y salga a perseguir realmente a esos delincuentes que dejan en la oscuridad a millares de hogares paraguayos y privan al Estado de montos siderales en impuestos”, dispara este jueves un indignado social.
En este sentido, afirma que el Ing. Sosa podría estar gravemente involucrado en el negocio por acción u omisión.
De acuerdo a los datos, el titular del ente energético nacional tiene conocimiento pleno de la situación generada con el robo de energía a través de los Bitcoin mau, pero aun así poco o nada ha hecho para revertir la situación que, según informes proveídos a La Mira, generan pérdidas superiores a los 5 millones de dólares mensuales, suficientes para proveer del servicio de energía eléctrica a 20 comunidades del país.
Los inversionistas legales ponen contra las cuerdas al Ministerio Público para avanzar en las investigaciones de las más de 60 denuncias concretas de robo de energía en grandes cantidades provocados por la criptominería ilegal, y presionan al gobierno de Santi Peña a ponerse las pilas para frenar las industrias electrointensivas que operan en la sombra.
El tema es motivo de debate en la Cámara de Diputados, que a pesar de la crítica situación no logra cerrar números para establecer reglas claras sobre el Bitcoin e incrementar sostenidamente los cargos y penalidades para las actividades ilegales.
“El Ing. Sosa hubiera sido el primer interesado en poner las cosas en su lugar y hacer lobby por la sanción de leyes adecuadas a la realidad generada por la criptominería ilegal, que desangra la economía nacional y priva del servicio energético a millares de hogares”, opina este jueves el Ing. Eduardo Cano.