Lomagrande es una de las peores empresas de transporte porque no solo regula y establece sus frecuencias según sus propios intereses, sino desecha el pago electrónico y cobra el pasaje a entera voluntad y criterio del chofer, en medio de la absoluta impunidad, denuncian los pasajeros.
Hartos del calamitoso servicio de colectivos del transporte público de pasajeros que cubren el servicio Emboscada-Asunción y viceversa, usuarios de la ciudad de Emboscada se declaran víctimas de la situación, exigen la urgente respuesta del gobierno nacional y amenazan con recurrir irremediablemente a la violencia en caso de que continúen las reguladas de forma permanente y cruel, que dejan de a pie a millares de trabajadores y estudiantes, especialmente.
“Venimos soportando estoicamente esta triste situación desde la época de la pandemia y, antes que solucionarse, empeora con el correr de los días”, disparó en la red social la indignada Gilda Martínez.
En el mismo sentido se expresan centenares de usuarios del servicio y coinciden en la necesidad imperiosa de acudir a la “justicia por mano propia” en caso de que el gobierno, específicamente el Viceministerio de Transporte, siga cruzándose de brazos manifestando ocasionalmente que procederá a sancionar a las empresas denunciadas, en este caso Lomagrandense y San Isidro (Línea 48), que a la hora de verdad “hacen lo que quieren”.
“Se ríen de las autoridades y las amenazas de sanciones”, postea Ángela Samudio, usuaria del barrio Santo Tomás de Emboscada, tras darse por enterada este jueves de que el gobierno, nuevamente, aplicará duras penas a las reguladas en todos los casos que involucren al esquema de servicio público urbano e interurbano.
“Ayer, por ejemplo, esperé el micro desde las 12:30 hasta las 15:15, hora en que venía cayendo una unidad de Lomagrandense sin ningún apuro, en señal evidente de que estaba regulando”, vocifera en su sitio social Agustina Colmán, mientras Arcadio Cardozo comenta las peripecias que debió verse obligado a soportar para trasladarse a Asunción desde Emboscada por la falta de colectivos.
“Estamos en situación de emergencia por las reguladas, y lo peor del caso es que no tenemos representantes ni autoridad que hagan valer nuestros derechos. El ‘sálvese quien pueda’ se aplica a rajatabla en esta ciudad, mientras los empresarios miran para otro lado y apuntan directamente a las ganancias, despreciando olímpicamente la prioridad de los pasajeros, que estamos obligados a viajar todos los días para trabajar o estudiar”, lamentó Susana Estigarribia, vecina de la compañía Minas.
«Nos obligan a salir a las calles a protestar y generar violencia porque el diálogo y todo lo demás que procuramos para regularizar el servicio han fracasado», amenaza por su parte Juan Ignacio Genes, otra víctima del pésimo servicio de transporte.