Investigación del diario La Nación que desnuda parte del esquema de posible plata sucia de una ONG manejada por un matrimonio ligado al abdismo y la oposición, que lanza alaridos para no declarar el origen, usos y finalidad de los millones que maneja.
La vorágine parlamentaria nacional ha entrado en un laberinto hemorrágico con visibles hematomas que producen impacto en la sociedad, más aún con el nuevo gobierno en ciernes donde se ha multiplicado la profusión de temas de contenido sociopolítico e ideológico en una suerte de electoralismo continuado donde los mismos actores hacen su parte en la defensa de sus intereses.
Uno de los temas urticantes es la llamada ley antilavado, donde se han establecido campos de batalla estructurados y bien definidos entre los pro y los contra, como si la cuestión se tratase de un secreto de Estado, a sabiendas de que existen leyes sobre el blanqueo de activos en otras instancias del Estado.
En medio de acusaciones de fuerte tenor de que la satanizada ley se prohijó al solo efecto de persecución política a los enemigos, adversarios o quienes molestan al oficialismo cartista en su camino a la dominación del Estado, surgen voces opuestas que recalcan la necesidad de hacer ajustes jurídicos necesarios para poner contra las cuerdas a los lavadores, una figura harto repetida en el argó semántico ciudadano.
El exministro Gustavo Leite, protagonista de número de la ley en cuestión, dijo a la prensa que nadie busca perjudicar las actividades lícitas sino el origen de los recursos, así como las inversiones, gastos y fines documentadamente declarados de todas las organizaciones que reciben recursos o rubros para sus actividades, así como los millones que mueven las entidades financieras.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y un único banco de plaza salieron a lanzar alaridos de protesta frente a la ley antilavado, articulando creativas argumentaciones con tufo a pretexto para eludir el control de sus millones de parte de la Comisión Bicameral conformada específicamente para ese fin y efecto.
“Quien nada debe, nada teme”, una remanida frase manejada por el colectivo ciudadano es repetida hasta el cansancio para poner contra la pared a las ONGs y bancos que se niegan rabiosamente a transparentar sus actividades y operaciones, defendiendo con el ataque supuestos derechos a la privacidad que, según los proyectistas de la ley antilavado, busca sacar en cara la injerencia externa o extraña en la gobernanza de la República y eludir la intromisión directa de las organizaciones que se autoproclaman “sin fines de lucro” o sin fines políticos, en las políticas públicas del país.
“Esta ley se crea con premisas falsas como parte de una agenda global con tinte represivo y autoritario que busca acallar a personas y entidades señaladas a dedo de atentar, perseguir o criticar al gobierno o, para ser más claros, silenciar al cartismo en su marcha a la dictadura”, opinó este lunes una conocida opinóloga liberal amiga de los medios.
“Entran en pánico para no rendir cuentas a nadie y continuar con el festival de recursos sucios, para lo cual recurren a los holdings aliados, también grandes interesados en ocultar sus fortunas presuntamente malhabidas”, retrucó otro indignado.