Original propuesta de captación de socios del sindicato de periodistas, funcional a la zurda y afines, entre ellos la degeneración sexual, el abortismo y el terrorismo de Hamás. El SPP se niega a informar sobre los millones que recibe.
El culebrón generado estos días, luego de que saliera a la luz pública la punta de un voluminoso ovillo que desnudaría manejos oscuros dentro del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), amenaza con ganar fuerza a medida que avancen las investigaciones iniciadas por la Comisión Bicameral o Comisión Antilavado del Congreso nacional.
Esta comisión de senadores de la nación fue formada como respuesta al llamado de atención a Paraguay por parte de Gafilat por la ausencia de leyes de transparencia en diversas instancias del funcionamiento del Estado que impiden la buena marcha democrática y, entre otros puntos, dificultan o hacen imposible conocer la raíz de la corrupción y el crimen organizado (lavado de activos).
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización entre gobiernos de América del Sur, Centroamérica y América del Norte creado para prevenir y combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el origen de los millones destinados a armas de destrucción masiva, entre otros objetivos.
Paraguay es país miembro de Gafilat y está comprometido a mejorar su política nacional contra esos flagelos a través de acuerdos interestatales para profundizar los mecanismos de cooperación conjunta.
Durante el pasado gobierno de Mario Abdo Benítez, este presidente se encargó de facilitar informes manipulados, privados e interesados a Gafilat con fines electoralistas con la ayuda, asistencia y acompañamiento de la oposición líbero-zurda, componente de número de la agrupación conformada explícitamente para sacar de en medio al cartismo configurado en el movimiento Honor Colorado tildado de enemigo.
Gafilat fue alertado entonces acerca del perfil de perversidad política del abdismo y amigos, entre ellos algunos medios “independientes”, pero no ha reaccionado y prefirió mantenerse callado, cohonestando los informes presentados en bandeja por los entonces ministros Arnaldo Giuzzio (involucrado también en posible narcotráfico), Carlos Arregui (encargado de Seprelad) y René Fernández (lucha anticorrupción) alineados como velas al abdismo que convirtieron sus respectivas carteras en antros de politiquería.
El SPP se sumó a la armada opositora y ahora lanza alaridos de protesta por la “filtración” de sus actividades en el interior de la Comisión Antilavado, señalando que se trata de un grosero entrometimiento en una organización privada.
El SPP nada dijo cuando, en su momento, el abdismo y la oposición líbero-zurda convertían ministerios en PC anticolorados y filtraba documentos de referentes cartistas no solo a Gafilat sino a los holdings mediáticos aliados con objetivos electorales, a pesar de su condición de documentación secreta, reservada a los fines constitucionales de cada secretaría de Estado involucrada en el manejo exclusivo de esos informes de transparencia en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Se sabe que el SPP está históricamente vinculado con la izquierda castrista y bolivariana; además, es funcional a un rosario de organizaciones afines, entre ellos la bandera verde abortista, la bandera arcoíris de la ideología de género, la bandera terrorista de Hamás y todo lo que signifique lucha ideológica con el involucramiento directo en asuntos de político-partidarios amigos.
El mismo tronco de mando del SPP maneja esta organización supuestamente periodística desde hace décadas, defendiendo con uñas y dientes el continuismo directivo.
Periodistas interesados en transparentar el SPP opinan que la comisión bicameral tiene atribuciones legales para investigar el origen, destino y beneficiarios de supuestas sumas millonarias recibidas en todos estos años, y que los informes sean dados a conocer a la opinión pública para sacar juicios de valor.
El que nada debe, nada teme, debería enarbolar el SPP, que hace su carta de presentación como supuesto rabioso defensor de la transparencia, la legalidad y el orden constitucional cuando los intereses de otros, no de la organización, están en juego.