Los invasores se han parapetado en la propiedad privada y se mantienen con la fuerza de las armas, dedicándose a actividades criminales como si se tratara de un feudo terrorista. Esto ocurre con impunidad en un país supuestamente regido por la Constitución Nacional.
En una muestra singular de cinismo, líderes de la invasión violenta de Pindó autodenominada “Comunidad 1º de Marzo-Joaju”, dio a conocer un comunicado a la opinión pública nacional e internacional declarándose víctima de la “planificación de violencia orquestada desde el Gobierno contra el campesinado y sus dirigentes”, pidiendo la intervención de legisladores nacionales, la Comisión Nacional contra la Tortura y Codehupy, señalada de servir a los intereses del globalismo de izquierda y activistas involucrados en problemas con el orden y el Estado de Derecho.
Los invasores dicen en su comunicado que el lunes estaba previsto una reunión con el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, quien se negó finalmente a participar del encuentro.
Según los supuestos campesinos -que en realidad son verdaderos depredadores, abigeos, abusadores y productores de marihuana, entre otros- las tierras de Pindó no tienen título de propiedad, a pesar de que los mismos propietarios se dispusieron en varias ocasiones a exhibirles públicamente los papeles que legítimamente otorgan las 4.499 hectáreas al establecimiento agroganadero Pindó S.A., ante la negativa de los violentos a reconocer la validez de los documentos.
Asumiendo el papel de víctimas, a pesar de que habían tomado de rehén a un alto jefe policial y lo sometieron a maltratos, los líderes se consideran perseguidos por la Policía y la Fiscalía, acusando al Gobierno de “no hacer absolutamente nada en favor del campesinado”.
Con relación al “terrorista” detenido, los invasores sostienen que la Policía cometió un error gravísimo al privar de libertad a “un poblador que solamente salió (del lugar invadido) a buscar mercaderías y fue acusado de criminal”, intentando pasar de largo las evidencias documentadas por la Policía.
La Comunidad se ha declarado en asamblea y movilización permanentes “dentro de su territorio (sic)” y tras convocar a la Comisión de Reforma Agraria y de Derechos Humanos del Congreso para frenar “la provocación y la incitación a la violencia proveniente del Poder Ejecutivo”, solicita la presencia de la Codehupy y de la Comisión Nacional de la Tortura “para acompañar este proceso” (de legalización de una invasión), reclamando finalmente garantías a la comunidad “frente a la planificación de violencia orquestada desde el mismo gobierno nacional contra el campesinado y sus dirigentes”.
También se dirigen victimizados “a la solidaridad obrera, campesina, indígena y popular, para resistir y defender nuestro territorio y nuestra comunidad”.
Los invasores de Pindó enfrentan nada menos que 5 órdenes de desalojo, pero ninguna de ellos fue cumplida por las fuerzas del orden público bajo diversos pretextos que, en la práctica, solo sirven para consolidar la ocupación ilegal, en grave atentado contra el Estado de Derecho y la propiedad privada consagradas por la Constitución Nacional.