El titular municipal complica su situación con una denuncia por estafa, mientras trata de sacudirse de severos cuestionamientos por apadrinar a campesinos violentos de Pindó. Carpas oficialistas analizan sanciones de peso contra el abusivo correligionario, según fuentes republicanas.
El intendente municipal colorado de la ciudad de Yvyrarovaná (Canindeyú), César Machuca, enfrenta una denuncia por estafa y es buscado por la fuerza pública tras ser declarado en rebeldía, informaron a La Mira fuentes fiscales encargadas del caso, que genera comentarios de variado calibre contra el cuestionado titular comunal.
La denuncia por estafa se suma al creciente descontento de la población por el involucramiento de Machuca con hordas armadas de campesinos violentos que desde el 2012 se mantienen parapetados con armas de grueso calibre y bombas molotov en la propiedad privada de la Estancia Pindó, que reivindican sin pruebas como tierras fiscales.
De hecho, cada vez que se acercan compulsas eleccionarias el intendente busca acercarse a los invasores y les promete mover cielos y tierra para conseguir la “legalización” de las tierras de Pindó, expresamente prohibidas por tratarse de una propiedad privada según el Indert, y porque la Constitución Nacional prohíbe expresamente validar una ilegalidad.
En el contexto de la manifestación realizada por los invasores el pasado domingo 28 de setiembre en demanda de reivindicaciones negadas por la ley, surgió nuevamente la figura del intendente Machuca para ponerse del lado de los violentos, ofreciéndoles apoyo político a través de supuestos contactos de influencia en el Gobierno.
“Sería conveniente otorgar 5 hectáreas a cada familia del lugar para que haya paz y se termine definitivamente el conflicto con esta gente”, dijo presumido Machuca dirigiéndose a instancias relacionadas con el caso, y pasando olímpicamente por alto evidencias comprobadas de actividades criminales en el lugar, entre ellas la portación de armas de grueso calibre de uso restringido, fabricación de bombas caseras, depredación salvaje, abuso de mujeres y menores, abigeato y producción de droga, entre otros.
La generosa oferta, que riñe contra la Constitución Nacional que consagra el respeto a la propiedad privada, levantó oleada de cuestionamientos a nivel político, específicamente en carpas del movimiento Honor Colorado, que analiza el caso y no descarta sanciones ejemplares para el correligionario involucrado con campesinos violentos, poniendo en riesgo la paz pública y la seguridad jurídica, entre otros daños explícitos.
“No queremos en nuestras filas una autoridad manchada por denuncias”, puntualiza este martes un caudillo republicano haciéndose eco de los escándalos endilgados al intendente César Machuca.