Miles de peces muertos luego de ser arrojado veneno en el estanque de Pindó luego de la invasión violenta, según la carpeta fiscal que se mantiene blindada, cubierta de polvareda en el Ministerio Público.
El ataque perpetrado el pasado domingo 28 de setiembre contra un alto jefe de la Policía Nacional por parte de hordas de campesinos agavillados y armados hasta los dientes expone de forma abierta la situación crítica que enfrenta la Estancia Pindó, invadida de forma violenta en el 2012 y que, lejos de ser desalojada por tratarse de una propiedad privada respaldada por la ley, se ha convertido en un búnker con prácticas guerrilleras donde ningún extraño tiene acceso y la fuerza pública está suficientemente intimidada para no amagar siquiera entrar a hacer cumplir nada menos que 5 órdenes de desalojo pendientes de respuesta.
“Ya se han cumplido desgastantes 13 años de lucha continua de los propietarios legítimos de Pindó en busca de la reivindicación de esas tierras en poder de supuestos campesinos sin tierra devenidos en guerrilleros”, disparó la abogada Margarita Colmán, representante legal de la empresa agropecuaria afectada.
“Hemos golpeado decenas de puertas en Instituciones del Estado, sin que nunca se haya llegado a la solución que el orden constitucional reclama a gritos”, apuntó, tras aclarar que todos los intentos de los invasores han chocado contra la ley, a pesar de lo cual persisten de forma insistente, y cada vez con más violencia, para legalizar la ilegalidad con el soporte de políticos y empresarios de peso.
En el plano judicial, el caso está cajoneado mientras los cabecillas con órdenes de captura están reportados como prófugos, a pesar de que testigos afirman que se encuentran dentro de Pindó bajo el amparo de guardias armados con potentes fusiles automáticos 5.56, de uso militar exclusivo en Paraguay, suficientes para perforar piezas de guerra artilladas, según expertos.
“Mercado aparece ocasionalmente dando órdenes y manejándose como jefe de un cártel criminal”, comentó a la Policía un testigo calificado que pidió el anonimato.
Pindó, que hasta el 2012 se manejaba como un próspero emporio agroganadero y piscícola, entre otras actividades económicas, contaba entonces con más de 2.000 hectáreas de bosque protegido con árboles de masiva demanda que quedan prácticamente para el recuerdo debido a la depredación masiva e irracional ante la pasividad de instituciones como el Ministerio del Ambiente y el Instituto Forestal Nacional, convertidos en testigos ciegos, sordos y mudos ante la enorme matanza a la naturaleza.
“Los invasores se han convertido en señores de nuestra propiedad, que fue arteramente parcelada para ser alquilada una parte importante a productores privados y otro sector está dedicado al cultivo de la marihuana, que les reditúa millones de guaraníes en ganancias espurias”, mencionó Colmán.
Sostuvo que, como si esto fuera poco, en el lugar invadido agentes antidrogas descubrieron un laboratorio clandestino de producción de drogas, dejando patente la actividad narcótica de los “campesinos” que se presentan en sociedad como labriegos dedicados a la agricultura familiar con la repetida retórica de victimización compartida por camaradas ideológicos, e incluso el mismo intendente municipal de Yvyrarovaná, César Machuca, quien suelto de cuerpo defiende los intereses de los violentos y pide campante la entrega de Pindó “a cambio de la paz”.