La imagen revela la ruta diaria en Pindó, donde los invasores mantienen sometido al propio Estado, que se cruza de brazos mientras la propiedad privada se convierte en un búnker de guerrilla con armas de grueso calibre y bombas caseras, suficientes para amedrentar y reinar.
En la Estancia Pindó invadida desde el 2012 son letra muerta la Constitución Nacional, las leyes de la República, el Estado de Derecho y cualquier otro ordenamiento público, porque los supuestos campesinos sin tierra que ocuparon el lugar con un libreto guerrillero definido se mueven al compás de su propia ley, donde los líderes ofician de amos y señores, y el resto de las familias cumple las órdenes de talar descontroladamente la madera, robar ganado de casas vecinas, plantar marihuana, practicar el uso de armas (incluso poderosos fusiles 5.56 y bombas molotov), y donde las mujeres y los niños son objetos de uso y abuso a discreción.
Organismos de Derechos Humanos, bravos a la hora de defender a antisociales, jamás se han interesado por las condiciones infrahumanas en que se desenvuelven madres con hijos menores sometidos al arbitrio absoluto de los líderes.
El Ministerio del Ambiente (MADES) y el Instituto Forestal Nacional (Infona) han ensayado en estos 13 años de invasión un par de intentos de intervención que quedaron en la nada y, peor aún, la ausencia ha permitido a los violentos continuar con la depredación de bosques a un ritmo vertiginoso, teniendo enfrente a oleadas de madereros y traficantes de madera ansiosos por obtener material preciado a precios ventajosos, que generan ganancias ilegales millonarias a todos los involucrados en la asociación ilícita.
Unicef, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y ONGs que dicen defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, brillan por su ausencia en Pindó, en ruidoso contraste con grandes eventos con flashes y abundante gastronomía donde aparecen ostentosos para dar a conocer engañosos números y “resultados de gestión”.
A este conglomerado de desidia y negligencia se suma la incapacidad, desinterés y relajo criminal del Estado paraguayo, que durante todo este tiempo no ha tenido respuesta para los propietarios legítimos de Pindó al no concretar 5 órdenes de desalojo (nada menos) y otra serie de medidas solicitadas para encauzar el orden constitucional en el lugar invadido, convirtiéndose en cómplice del territorio liberado devenido en búnker guerrillero en el que se ha convertido el otrora próspero establecimiento productivo agrícola, ganadero, forestal y piscícola.
Pindó es un conjunto de fincas que fue invadido en su totalidad, incluso las que no forman parte de la petición de ocupación, y suman 6.500 hectáreas, todas ellas en poder de los invasores.
¿Cómo se resuelve esto?
“Como vía posible de solución, siempre se les ofreció la posibilidad de reubicación, pero ellos no quieren dejar la propiedad privada sino están empeñados en robar esas tierras para lucrar de manera continua, produciendo ganancias espurias siderales”, denunció la abogada Margarita Colmán, representante legal de Pindó SA.
Añadió que la ubicación estratégica de esas tierras, sumada a la facilidad del acceso a clientes interesados en comprar marihuana o madera preciosa a precio vil, motiva a los invasores a atornillarse en el lugar, donde al mismo tiempo lucran ilegalmente con el arrendamiento de parcelas a costo millonario.