Mientras el presidente Peña viaja por el mundo la inseguridad se enseñorea con furia en Pindó, ante la amenaza latente de invasores munidos de armas de grueso calibre, bombas y estructura al servicio de la criminalidad, entre otros males.
Hasta el año 2012, cuando una turba armada atacó con furia y fuego, el establecimiento Pindó era un emporio agroproductivo con ganado de alta genética, pastura exuberante, peces criados en confinamiento y una reserva natural con bosques de la masa atlántica que atesoraban madera preciada de extracción controlada.
Nada hacía presagiar que, poco tiempo después, a medida que los autodenominados campesinos sin tierra (emergidos de la reserva política de la izquierda) en plena crisis de gobierno se consolidaban en la propiedad privada usurpada, la Estancia Pindó se convertía en un feudo irreductible de violentos que lograron parapetarse y a fuerza de amenazas lograron intimidar a la fuerza pública.
La Ley, hasta hoy día no se anima a cumplir las órdenes de desalojo y prefiere mantenerse a resguardo de problemas, como si no hubiere peligro con el acecho amenazante de hordas de bandas armadas hasta con fusiles de alto calibre y bombas de fabricación casera.
Pindó no solo ha visto desaparecer su estructura, que fue incendiada por los invasores, sino acuna un cártel criminal dedicado al ecocidio, abigeato, tráfico ilegal de madera y producción de marihuana con un laboratorio de refinamiento recientemente intervenido.
Los derechos humanos de mujeres y niños también quedaron reducidos a cenizas, mientras organismos burocráticos extramuros miran para otro lado, despreciando olímpicamente la situación de esclavitud social que reina campante en el interior del búnker que opera con técnicas guerrilleras, según evidenció la Policía en una de sus tímidas intervenciones vía dron.
“Arteramente, hacen oídos sordos a las profusas documentaciones que tenemos a mano, y presentamos en las instancias que las requieran, con el argumento de que se trata de tierras fiscales. Atacan sistemáticamente la legalidad de los títulos de propiedad del total de 6.500 hectáreas que conforman el establecimiento y que hoy día están controlados por los invasores”, informó la abogada Margarita Colmán, asesora legal de Pindó SA.
“Lo peor de todo es que autoridades que deberían ser fieles custodios de la ley y el orden se prestan generosos a las reivindicaciones de los delincuentes criminales, claramente con objetivos proselitistas, tirando a la basura derechos consagrados como la propiedad privada”, disparó Colmán en referencia al intendente municipal de Yvyrarovaná, aledaño a Pindó, César Machuca.
Machuca generó un mar de críticas luego de que saliera a defender públicamente “derechos” de los invasores de Pindó, para quienes pidió “por lo menos 5 hectáreas” para cada familia de invasores, “en nombre de la paz”.
Se sabe que Machuca mantuvo una reunión días pasados con el ministro del Interior, Enrique Riera, en términos y condiciones que no trascendieron.
Legisladores nacionales, por su parte, pasan por alto el peligro latente en la estancia invadida, como si la presencia de armas de guerra y bombas, y la situación de esclavitud de mujeres y niños, entre otros graves problemas estructurales, no fueran suficiente para una intervención urgente y contundente.