Doña Amanda Soley Vda. de Riveros aparece frente a su vivienda, donde pasa sus días en medio de la decepción multiplicada por las perversas autoridades de la EBY, que quieren arrebatarle su legítima vivienda al más puro estilo mbareté.
“Monumento a la corrupción” es la eslógan con el cual definió en su momento el expresidente argentino Carlos Menem a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tras instalar en la sociedad argentino-paraguaya un sello marcado por componendas, amaños, estafas colosales y asociaciones ilícitas que se han mantenido inalterables en todos estos años donde solo han cambiado nombres para que con la misma fuerza de las turbinas se mantenga campante e impune la corrupción.
Un ejemplo de mala praxis de la EBY, específicamente en asuntos administrativos donde la majestad de los derechos de afectados por obras de la Binacional deben primar por sobre cualquier otro interés institucional, es lo que ocurre con la familia de una anciana de 90 años de edad, que tiene un pie afuera de su legítima propiedad por una orden judicial de desalojo calificada de injusta y declaradamente cruel, desde el momento que descalifica de forma flagrante documentos de valor exigidos por la propia EBY para tramitaciones burocráticas inherentes a pago de indemnización o relocalización, contemplados explícitamente en la carta orgánica de la Binacional.
“Estamos siendo perjudicados de la forma más vil y descarada por las autoridades de la EBY Encarnación, en primer lugar, que cuentan con todas las documentaciones exigidas, pero aun así han avanzado en su intento inocultable de despojarnos de nuestra propiedad y ahora emitieron una orden de desalojo que debe ser cumplida de inmediato”, afirmó Oscar Riveros, uno de los 14 hijos de doña Amanda Soley Vda. de Riveros.
La familia Riveros reclama el “Justo Pago” por una propiedad de 400 m2 que debe ser liberada para las proyectadas vías del tren que unirá la ciudad de Cambyretá, aledaña a Encarnación, con la cabecera del puente que comunica con la vecina Posadas, Argentina.
“Nunca hemos puesto traba alguna, según consta en la misma carpeta administrativa de la EBY, para abandonar la propiedad, y hemos acudido a las mismas exigencias de los demás afectados por la represa, con la patética salvedad de que nos ha tocado tramitar con autoridades reacias a cumplir con sus obligaciones, y a las pruebas nos remitimos”, disparó Riveros.
Levantó dedo acusador contra las autoridades de la EB,Y calificándoles de falsos y tendenciosos porque todas las promesas de acuerdo justo fueron tiradas a la basura.
“Las evidencias demuestran que existe una asociación ilícita para la apropiación dolosa de nuestra propiedad, que tiene un valor millonario, pero nos han tasado como si se tratara de un terreno baldío, abandonado, con poco o nada de valor inmobiliario, algo totalmente descabellado desde el momento que estamos ubicados en una zona altamente poblada, con todos los servicios, y con un futuro incomparable”, lamentó otro hijo de la familia.
De acuerdo a los datos, como un primer paso del acuerdo de desafectación de la propiedad privada de los Riveros, la EBY se comprometió a cumplir con la ley de indemnización a afectados por obras de la Binacional, pero no ha cumplido ninguno de los pagos emergidos de los montos establecidos en segunda y tercera instancias, luego de que en una primera instancia cometiera el grave error o artera negligencia de hacer la tasación de una propiedad ubicada nada menos que a 5 cuadras del terreno con edificación objeto de litis.
La EBY también tuvo sobre la mesa la posibilidad de relocalizar a la familia Riveros con una vivienda digna, pero las promesas de las autoridades sobre esta opción ni siquiera figuraron en borrador.
Se trata de una situación arrastrada desde el 2009 con incidentes plagados de artilugios, engaños, falta de voluntad o interés en resolver la cuestión, y encima de todo, la consumación de un rosario de irregularidades, algunos de tinte criminal como la orden de dejar en la calle a una anciana vulnerable, con el agravante de que ninguna causal es atribuible a los afectados, según la profusa documentación obrante en el expediente.