Luis Benítez, director de la EBY, lado paraguayo. Su gestión es empañada por una mala praxis en Encarnación, donde una abuelita de 90 años tiene orden de desalojo declaradamente injusto, cruel, perverso, y con grave tufo a corrupción.
En un acto que revela per se la práctica estilo hampa que reina en el interior de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), una familia trabajadora que después de un error criminal en primera instancia logró un monto de indemnización adecuado que no pudo efectivizar en años supuestamente por falta de presupuesto, acordó recibir como indemnización otra vivienda digna, pero a cambio de desistir el urgimiento de pago administrativo.
Este acuerdo no solo fue tirado a la basura por la EBY, sino como tiro de gracia ordenó ejecutar una orden de desalojo para dejar a la familia Riveros Soley en la calle, sin ningún tipo de indemnización ni pago justo ordenados por ley, y entre los afectados se encuentra una anciana de 90 años con varias patologías y la imposibilidad de desplazarse físicamente debido, según familiares, al terrible estrés a que fue sometida por Yacyretá.
Entre los hijos de la abuelita afectados por la relocalización se encuentra un comerciante que residía y realizaba su actividad desde hacía 15 años en el inmueble reclamado por la EBY por encontrarse en la franja de obras del ferrocarril, que cuenta con mejoras y edificaciones.
El 1 de octubre de 2020, la familia pidió arribar a un acuerdo para liberar su propiedad en tiempo y forma, apurada también por el desembarco de la pandemia en nuestro país;
El 17 de diciembre de ese mismo año, acordaron el pago de G. 399.759.444 de indemnización, a cambio de la denuncia de acciones, desistimiento de apelación en el expediente judicial, presentación de certificado de cumplimiento tributario, cesión de título de propiedad de la finca en litigio, y pago de impuestos al día;
El 25 de enero de 2022, los afectados urgen la efectivización de la indemnización acordada, apurados por un precipicio de 8 metros de profundidad y el peligro que ello representa especialmente para la anciana de 90 años y sus nietos menores, y la imposibilidad de entrar o salir de la casa;
El 29 de marzo de 2022, dado que la EBY evitaba con pretextos variados el pago del pacto acordado, los Riveros Soley urgen una vez la efectivización de la indemnización debido a los graves deterioros de la vivienda y el peligro para los moradores.
A través de notas, y debido a la imposibilidad de acceder al cobro acordado, la familia aceptó la permuta del inmueble en litigio por una vivienda ubicada en el barrio Buena Vista, de Encarnación, pero antes que cumplir su palabra, en una actitud cruel y traicionera, la EBY emitió ejecutar una orden de desalojo que, si llega a cumplirse, dejaría a la familia en la calle, sin ningún tipo de compensación o reparación de daño.
“La EBY debe saber que se expone a un juicio penal, que iniciaremos en caso de que nuestra madre y abuela sufra males mayores debido a las falacias, humillaciones, maltratos, engaños y mala fe de los responsables de la Binacional”, sostiene la familia afectada por la obra del ferrocarril proyectada por Yacyretá.