La balanza aun muestra el vigor de tiempos pasados, cuando la despensa de los Riveros Soley surtía a todo el barrio. Las actividades cesaron por prohibición de la EBY, que no cumplió su parte de indemnización y ahora emite una alevosa y chocante orden de desalojo.
Autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) consultados sobre el expediente de una anciana vulnerable que enfrenta una orden de desalojo sin sustento legal aparente, se niegan a asumir el escándalo que puede llevar el caso a instancias internacionales de justicia y Derechos Humanos.
La Mira ha intentado obtener datos precisos sustentados en documentos en la EBY de Encarnación, pero los intentos no fructificaron por la negativa de develar el misterio que encierra la situación de Amanda Soley vda. de Riveros, quien, a sus 90 años de edad, y en medio de achaques visibles, debe lidiar con un verdadero monstruo sin cabeza.
Documentos a los que accedió este diario señalan que, en el 2009, la EBY se había comprometido a la debida indemnización de los Riveros Soley por la cesión de la vivienda familiar ubicada en una franja de dominio de la Binacional que tenía trazada una obra ferroviaria en el entorno.
Pasaron varios años, hasta que por fin se realizó la esperada mensura que, según las denuncias, correspondía a un predio baldío ubicado a unos 400 metros de la propiedad de los Riveros Soley, y en base a estos datos falsos la EBY liberó un pago indemnizatorio de 20 millones de guaraníes, considerado injusto, irreal y descabelladamente ínfimo, si se tiene en cuenta que la propiedad objeto de expropiación contaba entonces con dos viviendas, depósito y un negocio de venta de productos y alimentos en general.
Después de varios intentos, la familia afectada solicitó una segunda tasación en base a valores reales, lo que elevó la cotización a G. 235.371.842, pero este monto nunca fue liberado supuestamente por falta de presupuesto, hasta que la demora que llegó hasta el 2020, cuando una tercera tasación actualizada trepó a la suma de G. 400 millones, que por cuestiones burocráticas tampoco fue liberada por la EBY.
Debido a vaivenes insalvables de pago, endilgados exclusivamente a Yacyretá, los afectados aceptaron la permuta de su propiedad por una vivienda perteneciente a la EBY, ubicada en el barrio Buena Vista de Encarnación, como solución indemnizatoria, hasta que, en enero del 2025, el abogado de la familia, Raúl Riveros, presentó un urgimiento para el cumplimiento el acuerdo, con idéntico resultado de indefinición.
Tras 16 años de tira y afloja, el caso emergió del limbo con una inesperada orden de desalojo, que instaló en el seno de la familia Riveros Soley, integrada por 14 hermanos, una sensación de reproche colectivo contra el buró de la EBY, que según documentos y evidencias no solo oculta sus verdaderas intenciones con la propiedad de los Riveros Soley y de otros afectados del lugar, sino se expone a una denuncia internacional de graves consecuencias porque está a punto de dejar en la calle a una abuelita nonagenaria, hija de excombatiente de la guerra del Chaco, y niños vulnerables en edad escolar.