Sin dudas, la EBY es más que una hidroeléctrica, a juzgar por las irregularidades denunciadas en el trato a afectados por obras de la Binacional, en este caso del entorno de Encarnación, donde varias familias enfrentan órdenes de desalojo sin cobrar la indemnización establecida en la ley.

Afectados y perjudicados por el proyecto de mejora y extensión ferroviaria de la Entidad Binacional Yacyretá en los aledaños de Encarnación, al sur del Paraguay, afirman que el “monstruo sin cabeza” llamado EBY opera encarnado en funcionarios de alto rango, movidos por intereses no establecidos en el manual de procedimientos institucional para obtener réditos surgidos de pactos o tratos bajo la mesa.

En este sentido, nombraron especialmente a la abogada Teresita Escobar y a Silvino Benítez como responsables directos del viacrucis que sufren hace por lo menos 16 años familias ubicadas en la franja de dominio de obras del servicio de trenes que unirá a Paraguay y Argentina a través del río Paraná.

“Escobar y el tal Silvino son las cabezas visibles de la rosca que opera en Asunción para perjudicar a humildes familias que solo reclaman una indemnización justa”, disparó un padre de familia afectado, debidamente identificado por este diario, tras pedir el anonimato.

Otros padres señalaron que la Dirección Jurídica de Yacyretá, en Asunción, es la encargada de establecer parámetros de pago según la Ley de Indemnización, pero, en la trastienda de la dependencia, operan funcionarios de discutida identidad moral que conocen detalles del modo operativo que permite a los burócratas de turno manipular, enfriar o direccionar sentencias o resoluciones en perjuicio de afectados puntuales, “como es el caso de la familia Riveros Soley”, según las fuentes.

Esta familia, que se presenta como perjudicada por la EBY, está encabezada por Amanda Soley Vda. de Riveros, de 90 años de edad, quien con conocimiento de causa y mente lúcida disparó contra Yacyretá afirmando que “si quiere echarme de mi casa tendrá que pasar sobre mi cadáver”, asumiendo una actitud de violencia “como única respuesta a la violencia que comete la EBY contra mi familia y mi propiedad al negarse a pagar la justa indemnización”.

El abogado de la familia, doctor Raúl Riveros, sostiene que, en una primera mensura, la EBY estableció una tasación en base a datos registrados de un baldío ubicado a 400 metros de la propiedad objeto de expropiación.

“A resultas de esto, solicitamos otra mensura, que derivó en una tasación superior a G. 300 millones, pero como pasaban los años y no liberaban el pago supuestamente por falta de presupuesto, volvimos a pedir otra tasación actualizada, que resultó en la suma de G. 400 millones”, puntualizó el profesional.

Según el Dr. Riveros, la familia se cansó de golpear puertas en la EBY para el desembolso correspondiente, “hasta que nos sorprendieron con una espantosa orden de desalojo que seguramente va a tener secuelas en instancias administrativas y de Derechos Humanos de nuestro país y del exterior”, apuntó.

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