Cartes ha sido el blanco de los ataques corporativos y personales de la alianza entre efrainistas, abdistas y medios amigos que buscaban acusar al expresidente de estar vinculado con el crimen del fiscal Pecci.
Una mujer hallada culpable de integrar la agrupación criminal que asesinó al fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia fue condenada por la justicia de este país, que anteriormente ya había sentenciado con largos años de cárcel a otros componentes del clan asociado con la mafia del narcotráfico internacional asociada con ese magnicidio.
Se trata de Margareth Chacón, quien de acuerdo a la acusación fiscal ha acumulado suficientes pruebas y evidencias sobre su participación en el asesinato, e incluso es considerada cerebro de la banda que el 10 de mayo de 2022 mató de un disparo de arma corta al fiscal Pecci en la paradisíaca isla caribeña de Baurú, jurisdicción de la colombiana ciudad de Cartagena de Indias.
Pecci había ido a pasar su luna de miel luego de su matrimonio con una periodista de Asunción, pero fue sorprendido por asesinos en un hecho lamentable que movilizó toda la estructura de seguridad colombiana, según los informes.
En el caso ya han sido condenados en el 2023 los asesinos Andrés Pérez Hoyos, Ramón Pérez Hoyos y Francisco Correa Galeano tras haber reconocido el crimen y ser beneficiados con la reducción de pena establecida por la ley colombiana.
El caso causó conmoción en la sociedad paraguaya y fue aprovechado en su máxima expresión por el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez para tratar de sacar ventaja electoral inculpando como protagonista moral del crimen al expresidente Horacio Cartes, en carrera electoralista como titular de la poderosa Junta de Gobierno del Partido Colorado y líder del movimiento Honor Colorado que lanzaba como candidato a la presidencia del país al economista Santiago Peña.
A partir de aquí se planificó y maduró una alianza política y mediática que tenía como finalidad acusar a Cartes a cualquier precio, lo cual significaba en la práctica bucear en la basura para sacar a flote acusaciones formateadas como diatribas e infamia con limitaciones solo establecidas por la inventiva de los “investigadores”, integrados per se por agentes mediáticos que se encargaron de prostituir y pervertir de forma descarada, cínica y obscena normas internacionales de manejo de la información. Todo para honrar la causa común ordenada por los dueños de los medios a los que prestaban sus servicios de prensa.
De esta forma, periodistas considerados hasta entonces de alto perfil profesional y moral se desmoronaron hasta caer a niveles despreciables e indignos, posiblemente seguros de que sus patrones ganarán la pulseada para continuar con el festín de negociados, contrabando e impunidad.
Fuentes del gobierno actual señalan que al menos el 90 por ciento de los propietarios de holdings mediáticos en Paraguay arrastran un infame prontuario de negociados con sucesivos gobiernos nacionales, especialmente en el gobierno de Marito, donde consiguieron publicidad multimillonaria y licitaciones direccionadas a cambio del silencio total para emitir de forma oral, escrita o televisada hechos de corrupción pública.
Esto lo pudo demostrar hace unos días el diario La Nación en base a datos oficiales de Contrataciones Públicas que ponen contra las cuerdas la ética y la credibilidad de uno de los medios más solventes del Paraguay, que ofició de cabeza del proceso de perversión para favorecer el continuismo de Marito disparando a mansalva contra “el enemigo a vencer”.