Sindicalizados celebran la firma del contrato colectivo por el entonces intendente Bello, antes de las elecciones, pero la intendenta dijo nones y ahora el tema flota en el limbo, en medio de una tensión abrasadora que presagia tormenta institucional.

En actitud determinante, concejales de mayoría colorada de la capital decidieron enviar a consideración y respuesta de la electa intendenta municipal, Soledad Núñez, el renovado contrato colectivo de trabajo, manejado a tambor batiente por el poderoso Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Sitrama), que tiene más de 7.000 miembros de un total de 9.000 funcionarios con que cuenta la agigantada institución comunal.

La decisión asumida por el pleno legislativo es interpretada como una jugada política maliciosa y artera, aunque políticamente estratégica, si se tiene en cuenta el enorme peso consignado sobre la cabeza de la flamante intendenta, quien deberá lidiar con una estructura sindicalizada gigantesca dispuesta a pelar cara en defensa de sus intereses personales.

El argumento esgrimido por la Junta para evitar el estudio, consideración y respuesta al pedido del funcionariado agremiado es que después de las elecciones municipales la corporación legislativa ha dejado de tener potestad reglamentaria para legitimar ninguna decisión, como en este caso la homologación, con renovados beneficios, del acuerdo de trabajo firmado con el intendente saliente, Luis Bello.

Fuentes comunales consultadas por La Mira coinciden en afirmar que recién después de la asunción de los concejales electos la corporación actual deja de tener juridicidad y derechos, por lo cual cae de maduro que bien podría haber analizado el contrato de trabajo y dar a conocer su dictamen, antes de enviar a consideración de la Intendencia para su homologación o rechazo.

«Se pasaron de listos y arrojaron un paquete bien envenenado a la intendenta electa, quien tempranamente había anunciado su rechazo a la intentona sindical», comentó una fuente municipal tras aclarar que la Sole se vio obligada a bajar de decibeles y dar un paso atrás luego de que referentes duros de Sitrama anunciaran medidas de fuerza indefinidas hasta lograr sus reivindicaciones.

El Sitrama cuenta con el respaldo del Simuca (Sindicato Municipal de Trabajadores) y Sinoema (Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción), que representan al menos al 90 por ciento del total de 9.100 funcionarios registrados en el sobrecargado numerario del «talento» comunal.

Los funcionarios sindicalizados argumentan que la carga financiera para la comuna, en caso de ser homologado el contrato colectivo, será de unos 12.000 millones de guaraníes, pero referentes de la oposición que acompañarán a la intendenta en su gestión municipal afirman que los beneficios reivindicados superan fácilmente los 38.000 millones de guaraníes.

Como preludio de la tensa espera, los sindicalistas en pie de guerra aseguran que en caso de rechazo a sus reivindicaciones laborales y sociales paralizarán todos los servicios en Asunción y desplegarán turbulentas manifestaciones de protesta, entre otras medidas de fuerza.

La ciudadanía capitalina, mientras tanto, oficia de testigo no calificado de todo este culebrón municipal, como si faltaran preocupaciones en medio del caos en el tránsito, el deplorable estado de calles dominadas por baches «rompeautos» de diverso calibraje y profundidad, el acoso inmisericorde de «zorros» de la PMT y el ocio manifiesto de funcionarios poco habituados al trabajo, entre tantas otras perlas.