Fuentes de la denuncia relacionada con la invasión de la propiedad privada Pindó S.A. señalaron aspectos repulsivos desarrollados en su momento en el interior de la estancia violentada, especialmente la participación directa, abierta y descarada de parlamentarios que, lejos de reclamar la salida sin condiciones de los supuestos campesinos sin tierra, les extendieron su apoyo político y fueron a los extremos tras invitarles a seguir ocupando tierras ajenas con la seguridad de que contarán con el apoyo y colaboración de los «representantes de la ley» enquistados en la inmunidad.

Desde un primer momento, la narrativa de los invasores se basó en la supuesta ilegalidad de la hacienda en cuestión y la necesidad acuciante de dotar de tierras productivas a familias en situación de vulnerabilidad de la amplia región para una vida digna con alimento y bienestar asegurado.

Esta retórica harto repetida en sucesivos casos de invasión cayó por el suelo luego de que vecinos de Pindó S.A. confirmaran el secreto a voces de que las tierras ocupadas estaban siendo utilizadas para el cultivo de marihuana y la extracción escandalosa de maderas preciadas, especialmente las de explotación protegida por leyes ambientales, que fueron a dotar de materia prima valiosa a grandes aserraderos multiplicados como hongos en los alrededores, motivados por el descontrol, la abundancia y los bajos precios.

De acuerdo a los datos, el entonces senador Sixto Pereira, fiel escudero de Fernando Lugo, fue quien dirigió las arengas revolucionarias a los invasores, invitándoles a «seguir en la lucha» contra los terratenientes y el abuso de los derechos de los pobres, en un aporte desmesurado y miserable si se tiene en cuenta que la apología de delito provenía de un «representante de la Ley» que debería ser fiel guarda y custodio del orden público y el respeto al Estado de Derecho.

La reacción de gremios productivos no se hizo esperar, y desencadenó en una denuncia penal formulada por la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y otros sectores formales de la economía contra los tres «representantes de los derechos del pueblo» al servicio de la violencia, en este caso con la promoción y estímulo de la invasión como fórmula para acceder a la tierra.

Como es repetitivo en el ámbito del poder de la República, la denuncia en cuestión se quedó estancada en la burocracia judicial paraguaya, sumando impunidades y sirviendo de estímulo a organizaciones que han convertido las ocupaciones en un próspero negocio con la práctica de actividades ilegales disfrazadas bajo variadas etiquetas, entre ellas el supuesto «desarrollo de la producción rural campesina con mayor y mejor productividad e ingresos, alianzas estratégicas y protagonismo inclusivo de las mujeres y los jóvenes en la construcción de un futuro seguro, sustentable y feliz», según reza la burocracia de respaldo, muy lejos de la realidad lacerante que golpea a la Agroganadera Pindó S.A.