«Campesinos» convertidos en guerrilleros portan armas de grueso calibre de forma abierta e impune dentro de la propiedad privada invadida. La ausencia del Estado es igualmente criminal.

La investigación desarrollada por el Ministerio Público y organismos especializados de la Policía Nacional en el caso de la Agroganadera Pindó S.A., ubicado en Departamento de Canindeyú, describe una ocupación sostenida durante años mediante una estructura criminal organizada que ha llegado a niveles de terror con la instalación de una base de operaciones tipo búnker, inaccesible para extraños a la invasión y contadas veces intervenida por antinarcóticos.
Los informes, debidamente sustentados en documentos e incorporados al expediente, mencionan la instalación de asentamientos permanentes, la distribución de funciones criminales entre sus integrantes y la existencia de mecanismos de vigilancia 24/7 destinados a controlar con rigurosidad de hierro todos los accesos a las propiedades, con la misma fórmula de secretismo con que se manejan las organizaciones terroristas.
Según los investigadores, dentro de los asentamientos autodenominados “Primero de Marzo” y “16 de Julio” operan grupos armados con fusiles de grueso calibre y bombas caseras encargados de alertar sobre la presencia de personas ajenas al lugar, incluyendo comitivas policiales y fiscales.

El relevamiento efectuado en setiembre de 2025 documentó la existencia de unas 450 viviendas dentro de la propiedad invadida, que reflejan la magnitud de la ocupación.
Jorge Mercado Méndez, el supuesto “campesino sin tierra” como se hace conocer en círculos externos, fue identificado como el líder principal del asentamiento ilegal Joaju–Primero de Marzo, donde ejerció como cabecilla en el 2014, un par de años posterior a la invasión.
La Fiscalía sostiene que la participación de Mercado Méndez no se limitó a residir dentro del inmueble invadido, sino en ejercer funciones de coordinación y conducción de los ocupantes, lo cual lo convierte en “comandante” con mandato imperativo.
El requerimiento conclusivo fue presentado por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, quien formuló acusación contra Mercado Méndez por los presuntos hechos punibles de:
-Invasión de inmueble ajeno, conforme al artículo 142 del Código Penal y su modificación por la Ley Nº 6830/2021.
-Asociación criminal, prevista en el artículo 239 del Código Penal.
-Detentación ilegal de arma de fuego, contemplada en el artículo 260 de la Ley Nº 7411/2024.
La abogada Eva Margarita Colmán, en representación de Agroganadera Pindó S.A., ratificó la acusación de la querella adhesiva y acompañó la solicitud fiscal de apertura a juicio oral y público.
El Juzgado consideró que las acusaciones reúnen las condiciones procesales necesarias para su tratamiento en la siguiente etapa judicial, que desencadenaría en la sentencia condenatoria reclamada por los propietarios de la estancia violentada como acto de justicia pura frente al desembarco de hordas criminales en la otrora estancia modelo devenida en búnker fortificado donde los ocupantes portan armas de grueso calibre de forma amenazante y declaradamente impune.