Agentes de Senad destruyen plantíos de marihuana en Pindó, donde los falsos campesinos sin tierra alegan dedicarse a la agricultura familiar para no morir de hambre. Dueños de la estancia exigen el involucramiento directo del Estado en el lugar.

Propietarios de la Agroganadera Pindó S.A. de Canindeyú dieron a conocer un comunicado dirigido a la opinión pública en la cual develan parte del esquema criminal que opera dentro de la estancia invadida en el 2012, y destacan las evidencias colectadas por la Senad y otros organismos públicos que vinculan directamente a los falsos “campesinos sin tierra” con organizaciones del narcotráfico internacional.

“A la prolongada controversia sobre la ocupación de los inmuebles se suma un elemento de especial gravedad: Los procedimientos antidrogas realizados por la Senad, con la cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales, han documento actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de la Estancia Pindó”, señala el documento.

Añade que en intervenciones oficiales se detectaron efectivamente plantaciones ilícitas, campamentos utilizados para actividades de producción y tráfico de droga y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración.

“Estos hallazgos constituyen antecedentes que exigen investigaciones rigurosas para determinar quiénes organizaron, financiaron o participaron en las actividades ilícitas detectadas”, sostiene el comunicado.

Por todo ello, la empresa Pindó S.A. considera “indispensable” que se esclarezcan, además, las informaciones relacionadas con las posibles conexiones de comercialización internacional de drogas mediante el análisis de las evidencias digitales que obren legalmente en poder de los investigadores.

Aclara, sin embargo, que la existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento invadido no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias del lugar, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas.

Por otro lado, la Agroganadera Pindó S.A. sostiene que el conflicto generado por los invasores violentos “no puede resolverse desconociendo los títulos de propiedad existentes ni sustituyendo los mecanismos legales por la consolidación automática de situaciones de hecho”.

El documento dice que el Estado paraguayo es el estadío responsable de atender las necesidades sociales de las familias invasoras, garantizar la seguridad jurídica, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.

“La prolongación de este conflicto durante más de 14 años demuestra la necesidad de una respuesta institucional eficaz y coordinada”, apunta.

Alega que la asistencia social es una obligación, en contraposición a la legalización de tierras privadas que, expresa, “requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales”.

La empresa reafirma su confianza en la justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales de rigor para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados.

“El arraigo no sustituye al título de propiedad, y la permanencia no constituye, por si sola, un derecho adquirido”, finaliza el comunicado, tras puntualizar que “la seguridad jurídica de la nación exige que la Ley sea respetada por todos”.