Furiosa por sus cajas de tomate incautadas la vendedora arremete contra el chofer de la DNIT exigiendo la devolución de su mercadería que, según afirmó, no tiene documentación por ser producida a nivel familiar.

Furiosos agentes del gobierno obligados a recaudar a diestra y siniestra encabezan intervenciones en modo redada en todo el país en busca de contrabando, ante la queja generalizada de pequeños vendedores que lamentan las intervenciones impositivas que dejan sin el pan diario a millares de prójimos necesitados, mientras enormes contenedores sin documentación de ingreso o de origen de la carga diagraman como ñandutíes los cielos y pasos fronterizos del Paraguay.

La situación revela la falta de política operativa de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que en el capítulo de lucha contra la importación ilegal incluye a «peces» de todos los tamaños, despreciando olímpicamente la pequeña actividad económica que realizan los vendedores informales instalados en mercados y puestos de venta callejeros.

«Las cargas que están secuestrando estos verdaderos piratas son tomates, papa y cebolla producidos en Paraguay», lamentó ante la prensa una vendedora del mercado municipal de Villarrica, en coincidencia con pequeños comerciantes de Asunción y ciudades del interior como Encarnación y Ciudad de Este, territorios acostumbrados a la «visita» relámpago de los recaudadores del Estado.

En la capital guaireña, la Policía Nacional montó un operativo tipo antiterrorista para «atrapar» cajones de tomate expuestos para la venta al menudeo en la vía pública, despertando la ira de los minoristas que arremetieron contra los uniformados con descalificativos de grueso calibre, mientras los recaudadores de la DNIT observaban fuera del ángulo de disparos verbales mientras murmuraban íntimamente: «yo no fui».

El director de la DNIT, abogado Óscar Orué, nombrado por ley de la nación Nº 7143/2023, había afirmado que la gestión a su cargo aplicará la sentencia de cero condonación, excusa o indulgencia para casos de contrabando, tras lo cual sacó a la calle jaurías de recaudadores encargados de meter en una misma bolsa a grandes y pequeños comerciantes que no exhiban documentación de los productores ofertados.

Pequeños productores organizados manifiestan que el pago de impuestos debería limitarse a los grandes, e incluso medianos importadores y comerciantes, al menos hasta que los vendedores callejeros expongan una infraestructura pasible de ser gravada.

«Sobran policías para incautarse de nuestro pan de cada día, pero en las cárceles brillan por su ausencia», graficó una vendedora de hortalizas que observaba impotente la masiva intervención de fuerzas de seguridad, en alusión al nuevo caso de fuga en el penal de «máxima seguridad» de Emboscada.