Abrazo por delante, golpe por atrás. Así interpretan los «comunes» la nueva e impopular suba del diésel de Peña, que seguramente traerá aumentos de precios de la canasta familiar y e incrementos sostenidos del costo de vida.

Indignados sociales dejan escuchar voces de alarma por el nuevo incremento del precio de combustibles en Paraguay ordenado por el presidente Santiago Peña sin muchas vueltas y en medio de graves problemas políticos, económicos y sociales que golpean con fuerza al sector carenciado.

«El Gobierno nacional coincide con las cuestionadas dictaduras socialistas al establecer políticas de apriete que en todos los casos impactan sobre la cabeza de los pobres», comenta este miércoles en las redes sociales el indignado Robert Haurón, en concidencia con centenares, tal vez miles, de ciudadanos contrariados por la nueva suba de precios del diésel, en primera instancia, que seguramante alcanzará próximamente a las naftas, el combustible que usa la mayoría de la gente.

Otros ciudadanos enfurecidos por el «regalo» de Santi señalaron que la situación social delicada que vive la República se verá acentuada con el correr de los días, en vísperas de las fiestas de Navidad, año nuevo y vacaciones, unas de las pocas oportunidades de relajo de la gente que, de esta manera, se tornan nubosas y con señales de tormenta.

Un informe oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala actualmente la proporción de la población paraguaya en situación de pobreza gira en torno al 13,5%.

Esta cifra representa unas 830.325 personas etiquetadas de «pobres», más del 11% de la población total del Paraguay, estimado en poco más de 7 millones de habitantes.

La incidencia de pobreza en áreas rurales supera el 30%, y en las áreas urbanas hay menos pobres con 6,8% del total poblacional.

La estadística indica que unas 400.000 paraguayos figuran en el apartado de «pobres monetarios»

El último informe del INE afirma que 450.131 personas no presenta carencia de ingresos, pero sí enfrenta otras privaciones al ser «pobres multidimensionales», esto es, enfrentan problemas o dificultades variadas en su bienestar debidos a carencias complicadas y multiplicadas, que no pasan por la falta de ingresos económicos.

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) ponen en duda las variables del INE por ser una institución con autoridades nombradas por el Gobierno, y la sospecha de que sus parámetros se ajustan a los intereses del poder central.