La visión de mejor vida para los invasores no se enfoca en la producción familiar campesina, como falsamente propalan, sino en la producción de marihuana. Gremio pecuario alerta sobre la inseguridad y la violación de la propiedad privada en Paraguay.

Productores pecuarios agremiados hicieron escuchar su voz de alarma por la criminalidad rampante, manifiesta y documentada en la Agropecuaria Pindó S.A., en manos de invasores sanguinarios desde el 2012, y tras reclamar garantía y protección efectiva a la propiedad privada en Paraguay alertan sobre el peligro que corren la seguridad jurídica y el propio Estado ausente en un “territorio liberado” convertido en búnker inaccesible armado hasta los dientes.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) dio a conocer un comunicado sobre el caso, en el cual señala que defender la propiedad privada es defender la inversión, el trabajo y el futuro productivo de la patria.

“Exhortamos a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social”, añade.

El documento, dado a conocer a la opinión pública este jueves 29 de octubre, considera “fundamental” el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico nacional “sin excepciones” ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, tratados internacionales, Código Civil y Penal, y disposiciones legales vinculantes.

“No se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la Ley y la correcta administración de Justicia”, sostiene en referencia a la orden de juicio oral y público que enfrenta Jorge Mercado Méndez, acusado de ser el líder de la banda organizada de maleantes que pulula campante en el interior de la invasión.

Tras celebrar la resolución judicial que pone entre las cuerdas a Mercado Méndez, la ARP recuerda que la propiedad privada en Paraguay es inviolable y que la seguridad jurídica, mucho más que el reconocimiento formal de los derechos, exige previsibilidad y garantías para el desarrollo de inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para todos.

“La apertura a juicio oral (del supuesto “campesino sin tierra” devenido en narco-productor Jorge Mercado Méndez) constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad, y las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso”, apunta el comunicado.

La estancia Pindó S.A. está ubicada en el departamento de Canindeyú, rodeada de florecientes imperios agroproductivos que igualmente corren peligro de invasión, a tenor del apoyo e incitación descarada e impune de políticos que viven del negocio de la violencia y autoridades que, lejos de cumplir con sus funciones y responsabilidades, se dedican a conspirar contra el Estado de Derecho, colocándose del lado del mal para satisfacer intereses eleccionarios y económicos personales o sectarios.