El titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, se enfrenta a una estructura de revisión, control y represión conformada por Senadores, que tiene en manos denuncias graves de supuesto fraude sideral con tierras públicas supuestamente destinadas a la reforma agraria.

Pruebas y evidencias, que permanecen bajo 7 llaves en poder de senadores de la nación colocan al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en la estimación lógica de una tormenta institucional y política, en momentos que el oficialismo en el poder, el mismo que instaló a la actual cúpula de autoridad y mando al frente del anterior Instituto de Bienestar Rural (IBR), soporta un desbande decisivo que anuncia un tsunami electoral en carpas republicanas en vísperas de cruciales elecciones presidenciales en el 2028.

La fractura republicana, aunque aún con renqueras, amenaza con exponer al sol desprolijidades de administradores de la cosa pública como sucede en el Indert, que acumula un rosario de denuncias de variado calibre sobre negociados feroces con la tierra pública, en este caso en el departamento de Boquerón, Chaco paraguayo, donde el precio de parcelas se ha multiplicado de forma agresiva, a tenor de las inversiones siderales captadas por el actual gobierno para ser destinadas especialmente a desarrollo agropecuario e industrias.

El nuevo escándalo público compromete gravemente al presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz, quien asumió de la mano del cartismo en medio de vítores republicanos y la esperanza contenida de miles de verdaderas familias vulnerables con intenciones de contar con tierra propia para la agricultura familiar en la lucha contra la pobreza.

Datos a los que accedió La Mira exponen al rojo vivo denuncias que ameritan investigación profunda, seria y oportuna sobre posibles negociados con miles de hectáreas de tierras nativas en el corazón del Chaco, donde emergen lucrativos emprendimientos que seducen imparables a capitalistas del exterior, ávidos por probar suerte en el otrora «infierno verde» convertido en polo de desarrollo con crecimiento exponencial.

Senadores de la República manejan el expediente del caso y, como primera medida, ordenaron la intervención del Indert para develar sospechas sobre documentos sobre hechos de falsificación, producción y uso de documentos no auténticos y estafas por montos siderales, entre otros delitos penales.

La orden de intervención obliga al presidente del Indert a proveer la documentación requerida por los investigadores, de modo a sacar conclusiones de valor que serán tenidas en cuenta a la hora de establecer eventuales sanciones administrativas mientras se deriva el caso a instancias judiciales.

Ruiz Díaz ya estuvo en el escrutinio público luego de que ordenara una barrida de meritorios funcionarios antiguos para ubicar a sus leales en cargos de relevancia, como ocurre en la agencia del Indert en San Pedro, cuyo director regional también es objeto de cuestionamientos y sospechas por supuestos favoritismos y discriminación a la hora de conceder autorizaciones de tenencia y uso de tierras públicas en el mismo despacho que, hasta épocas recientes, ha sido fuente dorada de enriquecimiento fácil y veloz al amparo de la impunidad.