Hasta hace 3 años, antes de que la propiedad fuera usurpada en complicidad del Indert San Pedro-Gral. Aquino, la familia saqueada se dedicaba a la agricultura campesina, como puede notarse en la foto que expone una exuberante cosecha de maní.

Denuncias multiplicadas de administración engañosa en el Indert salen a luz este viernes, en coincidencia con documentos de ribetes escandalosos manejados por senadores de la nación, que salpican gravemente a autoridades del ente agrario en supuestos negociados feroces con tierras públicas, producción y uso de documentos falsificados y estafa, entre otros delitos castigados con varios años de cárcel para los que resultaren culpables o encubridores, según la ley penal de la República.

Una de las acusaciones de administración dolosa y presunta corrupción con tierras públicas, que deberían manejarse en el marco estricto de familias sujetas a la reforma agraria, se relaciona a la gestión de autoridades de la regional San Pedro, donde las propiedades fiscales están en la mira permanente de inversionistas privados, limitados por ley para el uso en alquiler, tenencia y titulación.

Los cuestionamientos salpican al director de la regional San Pedro, Wilson Borja quien, según las denuncias, conserva un perfil dudoso a la hora de hacer su trabajo pero expone en la sombra beneficios a ciudadanos con solvencia económica que, de esta manera, toman posesión de tierras que deberían ser destinadas por ley al desarrollo familiar campesino.

Un caso concreto extraído del catálogo de denuncias compromete en grado protagónico a Borja en las irregularidades, y otro tanto vincula en el esquema al director de la sucursal del Indert en la ciudad de General Aquino, Andrés Acosta, antiguo funcionario que permeó campante varias administraciones del ente agrario, a pesar de cuestionamientos sobre su calidad de servicio y lealtad al cargo que ostenta como funcionario público.

Un caso emblemático, que pone en la mira la calidad de gestión y capacidad de gerenciamiento de la regional San Pedro y la agencia de General Aquino, ocurre impune en la localidad de Santa Clara, donde un agricultor respetado por el esfuerzo familiar para trabajar y producir es objeto de burla y engaños recurrentes desde hace 3 años.

Según la denuncia, el agricultor Manuel Pereira fue despojado arteramente de la propiedad de 4 hectáreas que el mismo usufructuaba como sujeto de la reforma agraria desde hacía al menos 17 años.

«En todo este tiempo, solo nos dedicamos a producir alimentos para la manutención familiar sin molestias ni acoso de ninguna naturaleza, hasta que un día apareció un amigo del Indert de Gral. Aquino para apropiarse ilegal, irregular y dolosamente de mi parcela, que cuenta con documentación completa e incuestionable de la época del IBR», lamentó el afectado.

En medio de la impotencia ante la evidencia de su padecimiento, el indignado señaló que lo peor de todo es que las mismas autoridades del Indert de San Pedro y de la regional General Aquino demuestran abierta preferencia y privilegios a solventes, dejando de lado a sujetos verdaderos de la reforma agraria.

«Nunca han demostrado el mínimo interés en hacer justicia y honrar sus responsabilidades para que mi familia pueda recuperar la propiedad que me otorgara el mismo ente agrario, sino hicieron todo lo contrario al dejarnos fuera de la protección de la ley para favorecer abiertamente a un amigo», disparó ante nuestro diario.

La Mira intentó, en varias ocasiones, acceder a un argumento documentado y creíble de Borja y Acosta que desmienta el denunciado direccionamiento de la parcela en cuestión hacia intereses de un amigo del lugar calificado de solvente, pero también ha recibido excusas que, a la hora de la verdad, ponen en evidencia la desconfianza y especulaciones que pesan sobre el vínculo que une a ambas autoridades zonales del Indert.