Los amigos del Indert de San Pedro no solo alambraron la propiedad usurpada sino colocaron un cartel que prohíbe el acceso a extraños por ser «propiedad privada». Una burla explícita que expone la inoperancia e ineficiencia de las autoridades rurales de la zona.

En abierta e impune transgresión de la Ley 1863/2002 de la Reforma Agraria, autoridades del Indert del departamento de San Pedro se cruzan de brazos para no ejecutar un simple trámite administrativo, permitiendo de esta manera el saqueo de la propiedad de 4 hectáreas de un labriego, ocupada con autorización escrita del antiguo IBR, y predisponiendo el inmueble a los intereses de un solvente amigo no sujeto de la reforma agraria.

Se trata de un dominio ubicado en el distrito de Santa Clara, jurisdicción de Gral. Elizardo Aquino, que por inoperancia, inacción o complicidad del Indert de San Pedro y de Gral. Aquino no solo ha sido usurpado al trabajador y su familia sino se encontraría en proceso de titulación por parte del amigo del poder rural sampedrano que, de esta manera, ejecuta de forma arbitraria e ilegal una falta grave que el Estatuto Agrario ordena devolver a su legítimo ocupante con un simple trámite administrativo.

El caso arrastra 3 años de tormento familiar y psicológico al productor Manuel Pereira, quien en todo este tiempo ha acudido a reclamar su derecho ante el director del Indert de San Pedro, Wilson Borja, y el administrador del Indert Gral. Aquino, Andrés Acosta, recibiendo a cambio burlas recurrentes disfrazadas de retórica compleja y falsas promesas que finalmente acaban en el opareí y benefician al amigo solvente.

El lugar en cuestión ha sido ilegítimamente alambrado por los ocupantes ilegales mientras mueven influencias no solo para consumar «legalmente» el despojo sino para acogerse ilícitamente a beneficios establecidos taxativamente para sujetos de la Reforma Agraria.

De acuerdo a fuentes de este diario, los amigos del director departamental de San Pedro y del Indert de Gral. Aquino estarían a un paso de la titulación del terreno ajeno, lo cual constituiría, por si mismo, una falta gravísima contra la ley de la Reforma Agraria y un atentado contra el Estado de Derecho.

La Mira ha recibido denuncias puntuales documentadas acerca de un presunto esquema de contubernio orquestado por solventes y ejecutado impunemente en el interior del Indert, regional San Pedro, en perjuicio de humildes beneficiarios de parcelas destinadas al desarrollo rural campesino que, sin embargo, son autoasignadas o dirigidas a amigos solventes del poder.

Los perjudicados reclaman la urgente intervención de los órganos jurisdiccionales, en este caso el Congreso de la Nación, para investigar a fondo la situación declarada y establecer las sanciones que correspondan para los responsables, cómplices y encubridores.

La Cámara de Senadores aprobó la creación de una comisión especial de investigación para indagar presuntos casos de corrupción en el Indert, entre ellos la titulación fraudulenta de 64.000 hectáreas de tierras públicas en el Chaco paraguayo en poco más de dos meses.

Las irregularidades penales denunciadas incluyen superposición de propiedades, falsificación de documentos y asociación fraudulenta entre autoridades del Indert y popes del Registro Unificado Nacional (RUN).

La Ley 2419/04 crea el Indert y, entre otros fines, establece que el ente agrario nacional promoverá el acceso equitativo a la propiedad para la población campesina y los pequeños agricultores buscando la integración armónica de las familias del campo al desarrollo sostenible, económico y social del Paraguay.

Lejos de cumplir con este rol que la Ley le confiere a los administradores del ente, las autoridades del Indert de San Pedro «trabajan» activamente para perjudicar a labriegos trabajadores y favorecer a amigos, revelando su espíritu de insensibilidad e indiferencia ante el reclamo de familias vulneradas en sus derechos y arriesgando de esta manera sus respectivos cargos al hacer vito de la credibilidad institucional.