El gremio ganadero se opone a la ampliación de la garantía del FGD y señala que los recursos deben ser erogados con fondos recuperados de los desvalijadores de Ueno. 

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) sienta postura institucional con relación a la crisis financiera desatada con Ueno Bank y expone exigencias que, en todos los casos, pasan por exigir al Poder Ejecutivo proteger los intereses de los clientes, entre ellos fondos de ahorristas, recursos del IPS, cajas de jubilaciones e instituciones del Estado.

El gremio ganadero nacional rechaza el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que autoriza al BCP ampliar el respaldo financiero del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) con el objetivo de cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en Ueno Bank.

Sostiene que el FGD se constituye con aportes del sistema financiero con el único objetivo de proteger los ahorros de los depositantes dentro de los límites establecidos por la ley.

“Apoyamos que se pague de inmediato a los ahorristas de Ueno, pero usar el remanente del Fondo para devolver el total de los depósitos estatales sería trasladar a los ahorristas, entre ellos miles de productores, el costo de decisiones tomados por otros”, señala.

El documento sostiene que los fondos de IPS, cajas jubilatorias e instituciones o entidades del Estado “no llegaron solos a Ueno”, sino “alguien decidió concentrarlos allí”.

La entidad rural puntualiza que estos recursos deben ser recuperados “de los bienes de quienes resultaren responsables del perjuicio”, mientras que las responsabilidades deben ser clarificadas y castigadas.

Cubrir (los desembolsos) con el FGD no elimina el agujero, sino traslada esos costos al sistema, dejando a los responsables sin consecuencias, recalca.

Explica que una excepción de este tipo debilita la confianza en el sistema financiero y sienta un precedente peligroso desde el momento que las pérdidas resultantes de malas decisiones con fondos públicos “pueden socializarse cuando conviene”.

Por ello, la ARP solicita al Congreso de la Nación rechazar la ampliación de cobertura a los fondos públicos, garantizar el pago a los ahorristas dentro de la cobertura legal y exigir la recuperación de esos recursos.