El nuevo presidente asume en medio de críticas por su foja de vida pública, manchada por el nombramiento privilegiado de su hija en la función pública, en detrimento de miles de jóvenes que no consiguen trabajo.

En medio del fervor republicano, por un lado, pero cercado por el excepticismo generado por la suspicacia instalada sobre su presunto involucramiento por inacción en los hechos que concluyeron con el quiebre de Ueno y la destitución del presidente Peña.

La oposición unida ha demostrado en todo momento su desacuerdo en que Pedro Alliana asuma la presidencia del país debido a cuestionamientos que venía arrastrando sobre su calidad de gestión y compromiso con la transparencia, entre otros.

Un hecho que precipitó la reacción generalizada y a punto estuvo de un estallido social fue el evidente involucramiento de Alliana en el nombramiento de su hija en un cargo público sin pasar por el obligatorio concurso de mérito y aptitud, una barrera imposible de sortear para los «comunes», forzados a gastar suelas de zapatos y aplanar pasillos con solicitudes de trabajo para conseguir un puesto laboral en la función pública que, por lo general, por falta de padrinos acaba en la nada.

Montserrat Alliana cobraba un salario inicial de 3.600.000 guaraníes como contratada en el Ministerio de Justicia en el 2018, con apenas 19 años de edad y cuando su papá ostentaba el cargo de diputado nacional luego de incursionar activamente en la cúpula partidaria colorada como presidente de la codiciada Junta de Gobierno, fuente inagotable de beneficios y privilegios.

Apenas tres años después, la joven pilarense pasó a cobrar G. 6.100.000 con tres años de «experiencia», sin que trascendieran la calidad de su trabajo o aporte a la función pública, salvo el de ser hija de una alta autoridad de Estado en un país donde los cargos ofician de plataforma para el despegue personal o familiar.

En setiembre de 2023, apenas 1 mes después de que Pedro Alliana asumiera como vicepresidente de la nación, la joven dio un salto sustancial en su foja de servicio público tras ser nombrada «asesora y coordinadora de liquidación» en la tesorería de la Cámara de Diputados, con un salario de G. 18.274.300, despertando la ira ciudadana por el privilegio develado a la sombra de severos índices de carestía e incremento del costo de vida ciudadano.

Este hecho determinó que la «nepobaby» sea instalada en el escrutinio público, donde lucían campantes otros «hijitos de papá», muchos de ellos declarados planilleros porque nadie les ha visto en sus puestos de trabajo o haciendo algo útil para la institución que desembolsa millones por ellos a cambio de nada.

Presionada por la gente, la funcionaria fue obligada a renunciar hace unos 6 meses, dejando atrás una estela de irritación que ahora le sacan en cara al flamante presidente Pedro Alliana, señalado de no hacer nada para evitar el escándalo que se venía con las defraudaciones de Ueno.