Los usuarios de territorios sociales y de otros sectores o familias vulnerables disponen de planes de consumo eléctrico muy accesibles y no necesitan exponerse a la prisión por optar a la conexión mau, sostiene la ANDE.

Sensibles perjuicios al presupuesto público institucional ocasionados por las conexiones irregulares o clandestinas obligaron a la ANDE a anunciar que el hurto o robo de energía eléctrica es un delito penal regulado por la Ley Nº 7300/2024, que establece sanción económica o condenas que pueden alcanzar hasta10 años de cárcel.

Millones de dólares al mes por consumo eléctrico no facturado, conocido como “pérdida”, bloquean proyectos de mejoramiento integral de los servicios de la ANDE, señalaron autoridades.

Paraguay superaría a finales de este año un récord superior a 30 millones de MWh de consumo eléctrico, de los cuales al menos 7 millones de MWh (alrededor del 25%) corresponden a conexiones irregulares.

La gravedad de los casos para determinar sentencias varía de acuerdo a la naturaleza del delito, el nivel de tensión afectado y vínculos con actividades ilícitas como la criptominería que, como se sabe, requiere de energía eléctrica en cantidades industriales que significan sumas millonarias en facturaciones y, por ello mismo, induce a los empresarios a optar por la ilegalidad, a pesar de los graves cargos penales que arriesgan.

En una intervención por evidencia, sospecha o denuncia de hurto de energía eléctrica, los técnicos de ANDE tienen autoridad determinada por ley para proceder al decomiso de equipos, materiales, maquinaria y dispositivos utilizados para robar energía, entre ellos complejos procesadores de criptomonedas y componentes eléctricos.

Se conocen casos de conexiones clandestinas o mau que no solo impactan con fuerza en el sistema de facturación pública por consumo de energía sino arrastran como víctimas a viviendas, comercios u otros tipos de usuarios.

Los llamados “territorios sociales” distribuidos en varios puntos del país concentran, según las denuncias, los mayores puntos de robo de energía eléctrica, a pesar de los planes especiales establecidos para este tipo de asentamientos precarios.

Las estadísticas señalan que no solo los núcleos de pobreza acumulan casos sino, irónicamente, consumidores de alto perfil económico propietarios de grandes comercios, negocios o emprendimientos de elevado consumo eléctrico como las industrias electrointensivas, lavaderos, talleres y supermercados, entre otros.