Con las expulsiones inconsultas y radicales, lo que Efraín quiere hacer es evitar rendir cuentas sobre sus oscuros manejos en el tema de los recursos partidarios, afirmó Silva Facetti.
El senador liberal Fernando Silva Facetti disparó munición gruesa contra el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, luego que el mismo fuera expulsado por el Directorio del partido junto con otros senadores tras ser acusados de acumular ausencias injustificadas y de no seguir la línea política partidaria.
Tras restar mayor importancia a su situación, reconoció que ha faltado a muchas reuniones, pero que todas ellas han sido debidamente avisadas, tal como lo establece el estatuto partidario.
Declaró también a medios periodísticos que la acusación de faltar al lineamiento partidario es relativa, porque existen temas donde el peso de la responsabilidad impone en determinadas circunstancias asumir posturas dispares, como siempre ocurre dentro del ámbito parlamentario.
“Lo que ha ocurrido acá es claro, en el sentido de que Efraín está tratando por todos los medios evitar que salgan a la luz pública sus actuaciones oscuras, especialmente en el tema del manejo de recursos”, recalcó.
Aclaró que sus correligionarios del Directorio e incluso afiliados sin mandato le vienen requiriendo de forma imperativa la presentación de documentaciones relacionadas con gastos sospechosos, a los cuales siempre respondió con evasivas.
“En el 2016 gastó G. 6.000 millones en combustible; en el 2017 gastó G. 7.000 millones, y en el 2018 el gasto subió a G. 8.000 millones, y conste que el partido tiene un solo vehículo”, aseveró.
“Ahora decide tomar decisiones radicales, inconsultas e injustificables sobre la suerte de senadores y diputados, que fuimos metidos en una misma bolsa sin darnos el derecho a la defensa, algo que proviniendo de Efraín no nos debería extrañar porque maneja el partido como un feudo particular”, puntualizó el senador nacional.
De profesión abogado y economista, Fernando Silva Facetti fue nombrado presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) en junio de 2012, durante el gobierno de Fernando Lugo, y un par de años después fue obligado a renunciar tras ser acusado de protagonizar negociados y malograr los servicios institucionales.