La pandemia simplemente desnudó la incompetencia que venía arrastrando Bacigalupo desde que asumió un cargo de extrema sensibilidad y proyección social, coincidieron los diputados en sus alegatos.
Sucesivas acusaciones de inoperancia, falta de transparencia, corrupción e incapacidad profesional para el ejercicio del cargo, entre otras inculpaciones, de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, tuvieron finalmente eco en la Cámara de Diputados, que solicitó someter a interpelación a la polémica amiga del poder.
El propósito del pedido de interpelación, según los datos, busca despejar dudas acerca de la gestión en el cargo de la ex ministra de Justicia de la era Cartes, destituida luego de que la prensa divulgara detalles de la vida de reyes que llevaba dentro del penal de Tacumbú el peligroso narcotraficante Jarvis Chimenes Pavâo.
“La alta funcionaria está siendo cuestionada de forma constante por referentes empresariales, de trabajadores, profesionales abogados, expertos en materia laboral, entre otros gremios”, expresa el considerando del documento, que hace alusión al rango de “cartera ministerial clave” que ostenta la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la presente pandemia del coronavirus.
La pandemia simplemente desnudó una incompetencia que se venía arrastrando desde que la citada funcionaria pública ha asumido un cargo de extrema sensibilidad y proyección social, coincidieron los diputados.
“La clase política tiene la obligación de atender las innumerables quejas y denuncias generadas en torno al liderazgo de la interpelada, quien, lejos de colocarse a la altura de las circunstancias, ha protagonizado posiciones y decisiones absolutamente cuestionables, desde el punto de vista ético y jurídico”, expresa el documento.
Refiere que Bacigalupo ha convertido a un ministerio técnico en un espacio político-partidario, alejado de la realidad, “donde el diálogo franco, honesto y sincero con los sectores empresariales y trabajadores está literalmente ausente y a merced de medidas arbitrarias que flaco favor le hacen a la difícil situación por la cual están atravesando miles de compatriotas”.
El documento también cuestiona nombramiento de funcionarios, compras públicas y utilización del presupuesto de la institución en presuntos actos de corrupción, que hasta ahora no fueron esclarecidos y que merecen una explicación clara y contundente a la ciudadanía por parte de la ministra Bacigalupo, en su calidad de ordenadora de gastos.
De aprobarse la interpelación, la ministra deberá responder un amplio cuestionario con preguntas como en qué norma jurídica se amparó para sostener que el Ministerio de Trabajo no aceptaría la suspensión de los contratos de trabajo, comunicada por los empleadores, al decretarse la cuarentena por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la pandemia del Covid-19.
Otro punto del cuestionario consulta en qué norma jurídica se establece, como condición para la aceptación del pedido de suspensión del contrato de trabajo, el 50% del salario de los trabajadores, como exigió, según el documento, en su carácter de ministra para otorgar las suspensiones de los contratos de trabajo comunicado por los empleadores.