La diputada Kattya González lidera el proyecto de pacto político que busca poner freno a los abusos del poder a través del control de los gastos e inversiones públicos. Mientras esto ocurre, el gobierno hace negocios a costilla de la gente.
El Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, presidido por la diputada Kattya González realizó un análisis de proyectos que se encuentran a consideración del ente parlamentario, como parte del objetivo principal de impulsar un gran pacto político para el desarrollo de una agenda anticorrupción, generando espacios de reflexión y análisis en materia de lucha contra la corrupción.
González informó que trabajan con consultores externos asociados para posicionar la agenda que incluye una ley que sancione el abuso de poder a partir de la modificación del Código Penal y, también, un proyecto de ley sobre conflicto de intereses.
Mencionó que ultiman detalles para la página web del Frente Parlamentario, lo mismo que el Observatorio Legislativo Anticorrupción, que se constituirá en un instrumento contralor y de lucha contra la corrupción e impunidad.
“Es el primer observatorio legislativo en todo el Paraguay, que se posiciona a través de articulaciones sólidas y propone una agenda legislativa para ambas cámaras del Congreso. Paraguay, desde el año que viene, será monitoreado en una ronda que se realiza a nivel internacional, para ir evaluando el cumplimiento de compromisos en la lucha contra la corrupción e impunidad”, significó la legisladora.
Destacó el aporte activo de los asesores asociados y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), como así también el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO), con un importante apoyo en lo relacionado a iniciativas que se constituirán en herramientas jurídicas.
La Cámara de Diputados ya cuenta con otra instancia de control público, en este caso de fondos del covid, y también se encuentran otras comisiones vinculadas con la verificación y control de las cuentas públicas.
Todo esto se suma al equipo ad hoc conformado por el presidente Mario Abdo, encabezado por el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, también con el objetivo de controlar los gastos de la pandemia.
Mientras se multiplican las instancias de control político y legislativo, los negociados continúan a la orden del día, entre ellos la reciente facturación millonaria del polémico Clan Ferreira para provisión de insumos y medicamentos al Instituto de Previsión Social (IPS).