La denuncia, corroborada íntegramente por la Contraloría General, sostiene que Benigno ocasionó daños patrimoniales monumentales al IPS con la adjudicación direccionada y super inflada del servicio de limpieza.
El infortunado desembarco de Benigno López en el Instituto de Previsión Social (IPS) ha marcado huellas profundas que legaron enormes agujeros negros en el patrimonio institucional, bastardeando de esta manera los aportes obligatorios de trabajadores, empresarios y jubilados, que en todo ese tiempo han sido burlados en su derecho de contar con autoridades íntegras y transparentes que honren sus salarios exorbitantes y ayuden a ofrecer soluciones a millares de personas afectadas a los servicios.
El diario La Mira ha publicado investigaciones sobre los negociados consumados por el actual ministro de Hacienda en el ilegal acuerdo de préstamo con la multinacional Tigo, y posteriormente con los embargos igualmente ilegítimos de bienes del IPS en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA), que significaron solo en ambos casos pérdidas patrimoniales de 30 millones de dólares, que la Contraloría General de la República califica de “colosales” e “irrecuperables”.
En esta ocasión, nuevamente Benigno López, en su carácter de presidente del IPS, adjudicó el servicio de limpieza e higienización de distintas dependencias de la institución en el 2010 por un monto 7.317 por ciento superior al mismo contrato de servicio firmado 5 años antes.
El propio subcontralor general de la República, Dr. Camilo Benítez, encargado de despacho de la CGR, ratificó en todos sus términos la denuncia presentada en su momento por el Dr. Sergio Lovera Cañete en representación del Sindicato de Funcionarios Administrativos Profesionales Universitarios del IPS, quien solicitó la realización de un examen especial relacionado con la Licitación Pública Nº 21/15 “Contratación de Servicios de Limpieza e Higienización para distintas dependencias del IPS”.
El monto total de la adjudicación alcanzó la suma de G. 123.507.099.970, y fueron favorecidas las empresas amigas Potî, de Alberto Raúl Palumbo, y Cevima SA, de Oscar Chamorro, conocidas en el submundo de contrataciones públicas como grandes transadoras que se sustentan en las altas coimas acordadas con “patrones” puntuales convertidos en cómplices.
Cinco años antes, durante la presidencia del Ing. Pedro Ferreira, el mismo servicio fue adjudicado en G. 9.000 millones, según nuestras fuentes.