El fotoperiodista del diario La Nación, Cristóbal Núñez, retrata el repudio ciudadano contra la pareja Filizzola luego de salir a luz detalles escabrosos del negociado que significó para el país un daño patrimonial de G. 50.000 millones, según la denuncia fiscal. El caso está técnicamente impune.
El polémico ex ministro del Interior de la era Lugo, Rafael Filizzola, acusado de un daño patrimonial de G. 50.000 millones al Estado paraguayo por la compra fraudulenta de helicópteros para la Policía Nacional, se encuentra en la antesala de ser beneficiado con la extinción de la acción penal de la causa, luego de que los españoles Guillermo Casado y Álvaro Lasso, incluidos como coprocesados en el juicio penal, resultaran beneficiados por la jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz, quien actuó en consonancia con la resolución de la Corte Suprema de Justicia que anuló la acusación fiscal que elevó el caso a juicio oral y público.
Defendido por un pelotón de abogados litigadores expertos en chicanas, Filizzola logró recusar en su momento a todos los fiscales de la causa, abierta a resultas de la denuncia presentada por el senador colorado Julio Velázquez por un presunto perjuicio patrimonial contra el Estado paraguayo por la suma de 6,5 millones de dólares.
Siete años después de consumarse los presuntos hechos punibles de fraude, lesión de confianza y asociación ilícita, entre otros, Filizzola, lejos de enfrentar juicio oral y público, permanece impune e incluso fue premiado por el “gobierno de la gente” con un cargo estratégico en el Ministerio de Educación y Ciencias, donde oficia de asesor.
Los dos españoles liberados de la causa por la justicia paraguaya integran el staff de la firma Proibérica, que según expertos de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) incumplió varios ítems del pliego de bases y condiciones, con el agravante de que algunas transgresiones estaban vinculadas al tema seguridad en los vuelos.
Sobre este punto, la acusación fiscal sostiene que la oferente española y el Ministerio del Interior, representado en el documento de compra por Rafael Filizzola, estaban en pleno conocimiento de las irregularidades en el cumplimiento de las bases y condiciones técnicas de la licitación.
Como parte del proceso de compra a ser consumado contra viento y marea, el Ministerio del Interior pagó un millonario adelanto por las 3 chatarras voladoras, quedando un sobrante que fue honrado durante la gestión del ministro Carlos Filizzola (primo hermano de Rafael Filizzola).
El 3 de mayo del 2018, los ministros Sindulfo Blanco, Miryam Peña y el camarista Cristóbal Sánchez habían admitido la inconstitucionalidad de los coprocesados españoles en el juicio, anulando la resolución del juez Hugo Sosa Pasmor, que 4 años antes había elevado la causa a juicio oral, y la resolución del Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, que declaró inadmisible la apelación.
La fiscalía de Delitos Económicos recabó 5 biblioratos de documentos que confirman que el ministro Rafael Filizzola pagó 10 millones de dólares a la firma Proibérica SA por la compra de de los helicópteros marca Robinson.