El Estado procedió en su momento a resarcir con dinero el daño sufrido por las víctimas de derechos humanos durante el gobierno de Stroessner, y ahora otro grupo numeroso reclama indemnización en medio de dudas y discrepancias.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), abordó el proyecto de ley que autoriza el pago al Ministerio de Hacienda en los casos de violaciones de derechos humanos durante el periodo 1954-1989, que cuenten con resolución favorable de la Defensoría del Pueblo.
En representación de la Defensoría del Pueblo participaron de la reunión virtual Carmelo Núñez, director general de Gabinete, y Rodolfo Vera, director general de Verdad, Justicia y Reparación.
Este proyecto de ley tiene el visto bueno de la comisión asesora, y no se dio a conocer el monto reclamado, que según fuentes de Hacienda asciende a más de 3.400 millones de guaraníes.
La diputada Torres informó que los invitados comunicaron su preocupación por el retraso del Ministerio de Hacienda en hacer efectivo el pago de indemnizaciones a víctimas con resoluciones favorables, e informaron que este año aún no se realizaron los pagos presupuestados, a pesar de las reiterativas recomendaciones por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1954-1989).
“El Estado paraguayo se expone a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que, en su mayoría, los afectados son de edad avanzada y con problemas de salud,”, expresó la parlamentaria.
La Comisión de Derechos Humanos se comprometió a iniciar gestiones para instar al Ministerio de Hacienda a acelerar los procesos administrativos para la reparación histórica a las víctimas de la dictadura.
La referida propuesta establece algunas trabas al otorgamiento de los reclamos indemnizatorios, que según los proyectistas no debería impedir el pago a aquellos que ya habían iniciado sus trámites antes de la vigencia de la ley, por la irretroactividad de la misma.
El sitio virtual de la Dirección de Comunicaciones de la Cámara Baja señala que la presentación se sustenta en el inconveniente denunciado por las víctimas de la dictadura que cuentan con resolución favorable de indemnización por parte de la Defensoría del Pueblo, pero que en la tramitación se encuentran con el rechazo de la Procuraduría General de la República.
“Si el Estado paraguayo, por ley, establece que el derecho a reclamar indemnizaciones por parte de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura es imprescriptible, no puede pretender, como parte demandada, invocar elementos jurídicos incoherentes para rehusar el cumplimiento de la obligación resarcitoria asumida”, dice parte de la exposición de motivos.
El texto refiere que el Ministerio de Hacienda, en ningún caso, podrá negarse al pago de resoluciones de indemnización con anterioridad a la vigencia de la mencionada ley y, en consecuencia, la Abogacía del Tesoro no podrá alegar dictamen negativo de la Procuraduría General de la República, aunque dicho dictamen sea posterior a la fecha 11 de agosto del año 2011.
El tema de pago a víctimas de la dictadura ha generado oposición controversial en su momento, especialmente después de que la prensa divulgara nombres de supuestas víctimas que se alzaron con sumas millonarias sin que se conozcan mayores méritos de cobro, salvo el de contar con familiares o amigos políticos o encaramados del poder.