Incendiarios movidos por líderes políticos aparecen en el destruido Congreso, donde solo tres terroristas recibieron sentencia, en medio del estupor colectivo por la benignidad de la justicia, atada de pies y manos por la oposición y amigos mediáticos. Foto: Diario Hoy.
En medio del estupor colectivo extendidamente volcado en las redes sociales, el polémico líder liberal Stiven Patrón fue sentenciado este martes a 3 años de prisión luego tras ser hallado culpable, junto con otros cómplices, de incendiar el Congreso Nacional del Paraguay en el contexto de la manifestación social realizada el 31 de marzo de 2017, cuando enardecidos jóvenes arremetieron contra la sede legislativa ubicada en el centro de Asunción en protesta contra los ex presidentes de la República Horacio Cartes y Fernando Lugo, que intentaban presentarse de nuevo a elecciones presidenciales a pesar de la prohibición expresa de la Constitución Nacional.
Ese mismo día la capital del país experimentó una convulsión social, como secuela del rechazo ciudadano a lo que era considerado como una señal clara de dictadura y la posterior muerte a tiros del activista liberal Rodrigo Quintana en manos de agentes policiales filmados durante el ataque a la sede del local partidario opositor en el centro urbano de Asunción.
La noche del “otro marzo paraguayo” sorprendió al país con medidas extremas de violencia protagonizadas por turbas exaltadas de jóvenes que respondían masivamente al PLRA, según datos recogidos por la prensa desde el lugar de los hechos.
Entre los activistas más violentos figuraba el tal Patrón, conocido hasta entonces como leal al también polémico líder azul Efraín Alegre, tildado después como responsable moral de los desmanes terroristas que precipitaron la destrucción del Congreso Nacional y un atentado directo contra un poder del Estado, entre otros cargos criminales gravísimos.
La contundencia de los daños materiales y los ataques a la institucionalidad de la República como medidas de protesta en todo este tiempo han sido sistemáticamente minimizados por una formidable maquinaria de impunidad liderada por el mismo Alegre y el acompañamiento de sectores mediáticos que redirigieron los dardos venenosos contra el ex presidente Cartes, a quien acusan de ser el culpable de la reacción ciudadana al intentar manipular el espíritu y la letra de la Constitución Nacional para lograr el rekutú.
Del ex presidente Lugo nadie se ha acordado en todo este tiempo, permaneciendo inmune a cualquier tipo de crítica mediática.
Como parte de la enorme presión con que la justicia sentó en el banquillo a los acusados incendiarios, el presidente del tribunal de sentencia Héctor Escobar sentenció a Patrón a 3 años de prisión, que posiblemente no lo llevará a la cárcel si continúa recibiendo beneficios de sus amigos, en medio de la indignación generalizada.
“¡Qué fácil y barato sale quemar un poder del Estado en Paraguay!” posteó este lunes el ciudadano Mario Benito Castellani, tras disparar municiones verbales contra los incendiarios y la fragilidad de la justicia que se prestó a las presiones de la oposición y sectores mediáticos amigos.
Las penas que recibieron Patrón, Nelly Cortesi y Roberto Rojas son menores a las aplicadas a los que roban energía tal vez para alumbrar un gallinero.
El artículo 220 del Código Penal paraguayo señala que el que sustrajera energía, o el que destruyera, dañara, removiera, alterara o inutilizara una cosa destinada al funcionamiento de una instalación de telecomunicaciones para el servicio público, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa.
En otros países, destruir un poder del Estado es castigado con penas severas no menores a 25 años de cárcel y, en dictaduras como China o países islámicos los culpables reciben sentencias de muerte o cadena perpetua.