La joven hija del gobernador de Amambay aparece entre las víctimas fatales del atentado criminal adjudicado al sicariato manejado por el hampa en un territorio enajenado por la criminalidad ante el ninguneo del gobierno.
La noticia con que desayunó el país acerca del mortal atentado en la ciudad de Pedro Juan Caballero este sábado con el saldo de 4 muertes y dos heridos graves conmocionó una vez más a los pobladores de la progresista ciudad norteña, que pese a los sinsabores periódicos de ser sorprendidos por hechos de sangre no pueden contener la decepción por la inseguridad reinante.
La Perla del Norte se ha instalado en el ojo de la atención general, y no precisamente por sus virtudes de urbe colorida y generosa, sino por el azote recurrente de las balas.
Entre las víctimas del atentado registrado a las 6:30 frente a un concurrido centro de eventos de la capital del Amambay aparece la hija del gobernador departamental Ronald Acevedo.
Haylee Carolina tenía 21 años, y es recordada como una joven dinámica, sin antecedentes enojosos ni nada que hubiera provocado una reacción tan cruel y despiadada contra su vida.
“Su belleza y simpatía la llevaron al mundo del modelaje, y en busca de un futuro profesional estudió la carrera de medicina, donde se ganó el aprecio del ámbito universitario y los muchos amigos que supo cosechar”, señala un emotivo mensaje de condolencia, mientras decenas de indignados buscan respuesta al atentado.
“No sé qué espera el Gobierno para intervenir sin más demora no solo en esa ciudad, sino en todo el departamento de Amambay, como una salida a la criminalidad que gana territorio y sacrifica inocentes”, expresa otro posteo emitido este sábado, ni bien ganó estado público el nuevo hecho de sangre en la ciudad pedrojuanina.
Hasta el momento, la Policía se ha limitado a trabajos de protocolo, y es vox populi que lo más seguro es que no encuentre culpables, en un mundillo bien especial donde rige la ley del más fuerte y las balas hacen su parte para acallar a los “justicieros”.
La violencia declarada, lejos de precipitar la acción y reacción de los servicios de seguridad, la han relegado a tareas limitadas o poco relevantes.
Se sabe quiénes están por delante y por detrás de los negocios negros, pero nadie interviene sino después que haya detonado la pólvora y cayeran al suelo los marcados por la mafia.
En el mismo extremo, personas inocentes pagan el precio de la criminalidad con un gobierno que mira para otro lado, sin detenerse sobre sus pasos y postergando indefinidamente su responsabilidad constitucional de velar por el bienestar ciudadano, concentrando su prioridad y su fuerza en mantener una estructura al servicio de los poderosos y, al mismo tiempo, extendidamente perjudicial para los “comunes”.
El atentado registrado en Pedro Juan Caballero, así como otros hechos de sangre con saldo de muerte y heridos en varios puntos del país, configuran el perfil marcadamente improductivo del gobierno de Abdo Benítez, quien sí se jacta a cuerpo gentil de ser un buen inversionista y de ganar millones sin esforzarse, en una patética muestra de desprecio por las responsabilidades que le concede el cargo.
Los comunes son tirados a los leones mientras la jerarquía retoza campante rodeada de la servidumbre pública, y en otro extremo médicos y maestros empatizan sus necesidades clamando a voz en cuello por un bienestar ilimitadamente esquivo.