Con Ríos en la Corte no habrá garantía al Estado de Derecho en Paraguay, con lo cual las invasiones a la propiedad privada podrían seguir impunemente, advierten gremios unidos a través de un comunicado.
La independencia del Poder Judicial es pieza fundamental para sostener el Estado de Derecho como principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y hasta el propio Estado están sometidos a las leyes vigentes, afirman en un comunicado gremios de la producción, que lamentan la intromisión de la política partidaria en asuntos de la Justicia, que históricamente ha sido manoseada por actores de poder.
El punto de crítica se concentra en la elección del senador Víctor Ríos como candidato ternado para ocupar el cargo vacante de ministro de la Corte sin que las autoridades correspondientes tengan en cuenta las puntuaciones de los exámenes ni condiciones vinculantes, como la idoneidad y valores jurídicos.
“Nos encontramos con una terna en la que no figuran los candidatos con mayor puntaje en la que sobresale alguien que hoy es senador activo”, destaca el comunicado, tras enfatizar el peligro que acecha sobre el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho en el Paraguay.
“Independiente a la solvencia académica e intelectual que pueda tener el senador Ríos, ¿cómo seguir esperando una justicia para todos si estos cargos terminan siendo cupos?”, señala el documento, firmado entre otros por la Feprinco, Asociación Rural del Paraguay, Unión Industrial Paraguaya, Unión de Gremios de la Producción, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay y la Federación de Cooperativas de Producción.
Añade que el pacto político en ciernes afecta el ejercicio independiente de los poderes de Estado y concentra su atención en el tema de la propiedad privada, en grave peligro por el acecho de hordas radicalizadas e ideologizadas de esclavos políticos de la izquierda, materializado en este caso por las invasiones y ocupaciones de tierras productivas.
Si la representatividad ante la Corte Suprema de Justicia se ve arrebatada por acuerdos políticos se desvirtúa el contrato social por el cual se ceden algunas libertades por el bien común de todos los ciudadanos, apunta el comunicado, tras recalcar que la justicia no debería tener colores o responder visiblemente a un sector determinado, sino debe ser representada por personas con demostrado conocimiento y experiencia, apunta el documento.