Prueba contundente como encabezado de una eventual imputación al intendente de Ybyrarobaná, quien es visto en la propiedad invadida haciendo arengas de violencia y rebeldía contra la ley y las instituciones.

En un hecho repudiado por sectores gremiales y productores, el propio intendente municipal electo de Ybyrarobaná, distrito de Canindeyú, César Darío Machuca, dio a conocer abundante material de prueba que le compromete en delitos contra la seguridad del Estado al apoyar sin condiciones la lucha de invasores del establecimiento agroganadero Pindó de la misma jurisdicción, que está en poder de los violentos desde el 2012.

Suelto de cuerpo, y sin ningún atisbo de rubor sobre su responsabilidad como jefe comunal, Machuca es observado en fotos y videos haciendo arengas políticas, ideológicas y revolucionarias ante los invasores constituidos en comisión y cooperativa con la bendición de políticos de la izquierda y Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que se levantan en rebeldía contra la Constitución Nacional de forma abierta y extendida, con ayuda mediática y suficiente material de “apoyo” pasados de largo por el Ministerio Público, que interpreta los hechos como anécdotas y los tira al archivo con la etiqueta de “chismes”.

El intendente Machuca se puso a disposición de los violentos y, tras felicitarles por el aguante de 9 largos años en su lucha por la tierra propia, les instó paternalmente a mantener la calma, confiando en Dios y en las autoridades.

“En mi van a encontrar a un hermano, a un compueblano leal, y dentro de nuestras posibilidades estamos para ayudarnos mutuamente”, arengó el titular municipal que, al igual que los invasores, dijo que él también va a procurar con todos los medios a su alcance lograr la expropiación de las 4.000 hectáreas ocupadas por los que, bajo el argumento de ser campesinos sin tierra, invadieron violentamente el lugar en el 2012, y desde entonces se mantienen atrincherados en la tierra ajena con la ayuda de Lugo, Sixto Pereira, Hugo Richer, Esperanza Martínez y la gran familia zurda empotrada en el poder.

El Congreso rechazó recientemente un proyecto de ley que pedía la expropiación de Pindó, pero los campesinos y sus padrinos no aceptan la decisión y, alineados como velas, afirman que resistirán hasta las últimas consecuencias, mientras los organismos de seguridad del Estado, la Policía y fiscales, miran para otro lado, como si los graves hechos delincuenciales instalados en Pindó de manos de los invasores fueran poca cosa.

“Lo que corresponde de forma inmediata es la imputación del intendente Machuca por hacer apología de la violencia y levantarse en rebeldía contra la soberanía del Estado, entre otros delitos graves castigados por la ley”, afirmó un productor de la zona, preocupado por el hilo de los acontecimientos que, según dijo, pone en jaque la estructura de trabajo e inversión de miles de trabajadores formales que viven de su esfuerzo y perseverancia, lejos del esquema delictual permanente instalado impunemente en la estancia invadida de Pindó.

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