Secuela violenta de la invasión a la estancia Pindó, cuyos propietarios siguen esperando justicia 10 años después. Este tipo de violación a la propiedad privada es lo que pretende blanquear la «recuperación de tierras malhabidas», expresan propietarios.
Sumidos en la incertidumbre y la falta de apoyo del Estado en el tema de la seguridad jurídica, propietarios de tierras coinciden en expresar su temor sobre la conformación de la Comisión Nacional para el Estudio de los Mecanismos de las Tierras Malhabidas, un proyecto prohijado entre gallos y medianoche por conocidos exponentes de la izquierda y sus novedosos amigos abdistas supuestamente con el objetivo de “regularizar” la tenencia y posesión de tierras en el Paraguay, cuando en realidad lo que buscarían es “legalizar” las invasiones, que se multiplican como hongos con el padrinazgo de políticos hambrientos de votos cautivos.
“No se necesita ninguna comisión para recuperar las tierras malhabidas porque la ley establece reglas claras de posesión y dominio, entre otros puntos que no merecen siquiera ser discutidos, sino cumplidos”, afirmó a La Mira el productor agropecuario Oscar Jacinto Ledesma, quien hace años lucha por recuperar parte de su propiedad invadida en la jurisdicción de Yrybucuá, departamento de San Pedro.
En términos similares se han pronunciado otros propietarios, quienes alertan acerca de oscuros intereses manejados por enemigos del trabajo en las trastiendas de conocidas agrupaciones políticas que lucran con el esfuerzo de otros.
“Acá se presenta una situación por demás clara y contundente, que es sacar provecho de electores potenciales, en un momento preelectoral candente donde los votos valen oro”, expresó otro productor, tras poner en tela de juicio las reales intenciones de los que buscan recuperar las tierras malhabidas.
Líderes de asentamientos rurales instalados en tierras ajenas por medio de la violencia han expresado abiertamente su intención de lograr la bendición de sus cómplices políticos para tener acceso a la tierra propia, en contraposición abierta a la letra y el espíritu de la Constitución Nacional que consagra ese derecho, pero con limitaciones establecidas en la ley.
“Lo que pasa es que los propios delincuentes que se hacen llamar campesinos sin tierra, con las orientaciones de sus líderes políticos, nos tienen que decir qué propiedad es lícita o malhabida, y seguramente todas las invasiones actuales deberán ser “legalizadas”, pero nunca jamás echarán ojo a las estancias bien nutridas de sus millonarios dirigentes, entre ellos Fernando Lugo, el mismo que no comparte siquiera uno de sus millares de vacas con los pobres que él reivindica”, mencionó Ledesma.
Dirigentes de la izquierda, entre ellos Pedro Santacruz y Hugo Richer, fueron filmados en la estancia Pindó, de Yvyrarovaná, haciendo arengas terroristas a los invasores de la propiedad privada.
“Ustedes no tengan miedo de nada ni de nadie, que nosotros les vamos a apoyar”, dijo Richer a los violentos, tras invitarles a seguir tranquilos en la tierra ajena e incluso continuar con las invasiones en otras propiedades, con el argumento de que “las tierras son del pueblo”.