El singular senador electo es conocido en sus pagos como agitador consuetudinario, haragán, abusador serial, estafador y adicto, acumulando 12 denuncias penales. «Solo en Paraguay», opinan indignados.
La Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) dio a conocer un comunicado a través del cual sienta postura crítica y manifiesta preocupación por la situación penal del senador electo de la Lista 911, Rafael Esquivel, conocido como Mbururú, quien está acusado de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad en el 2019, por lo cual fue imputado, y a pesar de lo cual cosechó votos suficientes del payismo para ganar un escaño en la Cámara Alta.
La SPP insta al Ministerio Público a acelerar la investigación del caso para sacar conclusiones de valor que deriven en una sentencia justa y, en caso de resultar culpable, aplicarle las sanciones correspondientes, que en este caso particular admite la expulsión del condenado.
“El hecho de que un senador nacional electo se encuentre sospechado de hacer cometido un crimen contra la niñez y la adolescencia implica una negación hacia los derechos fundamentales de quienes se merecen acceder al más alto grado de salud posible”, sostiene el documento, tras señalar como deber del gremio “como sociedad y como profesionales de la salud, defenderlos y garantizar el bienestar de niños y adolescentes”.
Hace un llamado a la sociedad paraguaya en general a observar y hacer el debido seguimiento del proceso judicial de Mbururú, y reclamar justicia en la causa.
Pide también denunciar cualquier tipo de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y brindarles apoyo y protección.
Mbururú se encuentra con prisión preventiva en el penal de Coronel Oviedo, por lo cual no cuenta aún con condena firme, mientras continúa el juicio penal que, según la fiscal del caso, “en poco tiempo más” tendrá una definición conclusiva.
La expectativa de pena para el flamante senador nacional es de 15 años, según el Código de Procedimiento Penal, y por la gravedad del caso, una sentencia firme en juicio amerita la inmediata expulsión de su banca en el Congreso.
Legisladores consultados por La Mira coinciden en afirmar que el denunciado no puede jurar como senador mientras continúe en la cárcel y se esclarezca judicialmente su situación procesal.
El singular político altoparanaense, que responde al ahora ex presidenciable, Paraguayo “Payo” Cubas, arrastra sobre su cabeza 50 denuncias judiciales por un abanico impresionante de crímenes, delitos y faltas, entre ellos acusaciones variadas de abusos, violación, atropellos, violencia, invasión de propiedad privada, resistencia, exposición en el tránsito terrestre y otras perlas criminales que, supuestamente, están siendo investigadas por la justicia, que en todo este tiempo, al menos desde hace 8 años, no ha culminado su trabajo con una sentencia condenatoria o absolutoria.