Momento en que exhuman el cuerpo de las niñas sepultadas a las apuradas, en un sitio cualquiera, en contra del protocolo de inspección previa. El caso genera críticas a nivel internacional.
Un sitio virtual usualmente de relativa dinámica en la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina cobró notoriedad estos días luego de que los miles de asociados hicieron causa común sobre las secuelas de la malograda intervención del gobierno paraguayo en su fallido intento de eliminar al ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el norte del país, donde fallecieron a tiros dos niñas de 11 años de edad, y no pudieron lograr la captura de ni un solo miembro de la agrupación armada, que según el informe oficial huyeron a los montes, poco creíble para la ciudadanía y expertos militares.
En un relatorio detallado, los abogados argentinos agremiados afirman que el gobierno de Abdo Benítez ha hecho desesperados intentos “por encubrir su
monstruoso crimen” y narran la lucha de familiares de las niñas ejecutadas (a quienes identifican como María Carmen y Lilian Villalba) para recuperar los cuerpos “y destruir las maniobras de los criminales terroristas de Estado”.
“Contrariando la promesa de entregar los cuerpos en Yby Yaú, en donde fueron sepultados de apuro por quienes las ejecutaron, el gobierno las desenterró y las trasladó, en medio de un gran despliegue militar, a Asunción, donde la jueza a cargo impidió la participación de su tío y de la abogada de la familia en las manipulaciones forenses que se realizaron en la morgue judicial del Ministerio Público”, expresa el informe con etiqueta de comunicado.
Añade que, siendo las niñas de nacionalidad argentina, se presentó el cónsul de Argentina en Asunción para presenciar el procedimiento, “pero la jueza también impidió. No conforme con ello, se negó a aceptar un escrito que el cónsul pretendió entregarle, argumentando que las madres no eran las madres, que la nacionalidad argentina reafirmada por el Estado argentino era mentira y que se trataba de adolescentes de 16 o 17 años. Pretendían desconocer su filiación y negarse a entregarlas”, sostiene el escrito.
Acusa a voceros del gobierno, al fiscal del caso, Federico Delfino, y al forense Christian Ferreira, de brindar versiones “descabelladas y estúpidas de los hechos que terminaron en los asesinatos, además de insultar a las niñas y a sus familias, especialmente a sus madres”.
La Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina acusó al gobierno paraguayo de “terrorista” y anunció medidas en todos los frentes políticos y judiciales de ese país y de instancias internacionales para que se haga justicia en el caso y que los culpables de estos “asesinatos” sean castigados por la ley “y por el propio pueblo paraguayo”.