Firma de títulos de propiedad a familias sujetas a la reforma agraria de Guairá, pese a la intervención del Indert, que enfrenta denuncias graves de mala gestión y presunta corrupción con tierras públicas. 

En medio de la tormenta de críticas por mala gestión y en pleno proceso de intervención, el Indert sigue entregando títulos de propiedad a beneficiarios de la reforma agraria, en este caso en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú.

El sitio oficial de informaciones dependiente de la Presidencia de la República señala este lunes que funcionarios del Indert entregaron un centenar de títulos de propiedad a beneficiarios rurales que forman parte del paquete inicial de 50.000 adjudicados que según el cuestionado titular Francisco Ruiz Díaz «serán entregados a sus correspondientes beneficiarios durante este año».

Los datos afirman que en la colonia Ko’e Rory, de Juan E. O’Leary, se logró que un número importante de familias campesinas firmen sus documentos, que en breve tiempo les convertirá en dueños de sus propias tierras.

Luis Alberto Reguera Rolón, actual gerente de Colonias y Tenencias del Indert, evaluó de positivas tres jornadas de firmas de títulos que el Indert realizó en varios puntos del país.

A más de ello, técnicos del Indert no sujetos a investigación desarrollaron jornadas de suscripción de un centenar de títulos en las localidades de Vy’arendá (Minga Porá), Ko’ê Pyahú (Minga Guazú), Tembiaporá (Itakyry) y Ko’ê Rory (Juan E. O’Leary).

En la Municipalidad de Paso Yobái, Guairá, también rubricaron sus documentos beneficiarios de las colonias San Francisco, El Triunfo y Coronel Roberto Cubas, de Paso Yobái.

En horas de la tarde, hicieron lo propio familias de Colonias Unidas de Guairá.

Guillermo Prieto Pintos, poblador con discapacidad para movilizarse, firmó su título de propiedad en medio de la emoción propia del momento e hizo realidad su antiguo sueño de contar tierra propia.

El presidente del ente agrario, Francisco Ruiz, está en el ojo de la tormenta luego de revelarse su supuesta implicancia en un sonado caso de titulación supuestamente irregular de 64.000 hectáreas de tierras valiosas en el Chaco paraguayo.

También están en la mira varios directores señalados de corrupción en el ejercicio del cargo.