Saldo visible de violencia extrema utilizada por los invasores para apropiarse por la fuerza de la propiedad privada. El lugar se ha convertido hoy día en un búnker blindado debido a la parsimonia e inoperancia cómplice de autoridades.

Trampas y artimañas de variado calibre jalonan los antecedentes del juicio penal contra el conocido marginal disfrazado de “campesino sin tierra”, Jorge Mercado Méndez, señalan abogados de la querella tras poner énfasis en el papel que han venido desempeñando, junto con la defensa, cómplices y encubridores que ofician de parlamentarios y autoridades ejecutivas que, en los papeles, deberían adelantarse en velar por el cumplimiento de las leyes de la República.

Durante la audiencia preliminar, los abogados de Mercado Méndez plantearon diversas objeciones contra la acusación fiscal, cuestionando la competencia territorial del Juzgado de Curuguaty, la legislación penal aplicable, la atribución del hecho punible de asociación criminal y la inclusión del episodio relacionado con un arma de fuego que, según la carpeta fiscal del caso, están documentalmente probados.

Los chicaneros también formularon observaciones sobre la identificación territorial y catastral de las propiedades objeto del proceso, en una movida claramente dilatoria si se tiene en cuenta que, desde un primer momento, fueron agregados en autos los documentos correspondientes relacionados con el incidente.

El magistrado Marcos Giménez Rivas rechazó los cinco planteamientos defensivos luego de considerar que ninguno de ellos justificaba impedir la prosecución del procedimiento penal, que finalmente se dio con la elevación de la causa a juicio oral y público.

El juez sostuvo que las controversias sobre la existencia de los hechos, la participación del acusado y la valoración de los elementos probatorios deben ser resueltas durante el juicio oral, donde las partes tendrán oportunidad de presentar y controvertir las pruebas, tal y como lo establece la Ley.

Con esta decisión, quedaron admitidas tanto la acusación fiscal como la inculpación reclamada por la querella adhesiva de Agroganadera Pindó S.A., informó la abogada de la estancia invadida, Margarita Colmán.

El caso ha estado en el ojo de la crítica durante años, especialmente por la virulencia de los hechos y la participación abierta de parlamentarios de izquierda, que no solo acudieron a la estancia invadida a dar su apoyo a los delincuentes sino les instigaron a seguir violando propiedades privadas, en la seguridad de que los autores tendrán padrinazgo de peso para que nadie les pueda molestar, detener o encarcelar.