Marihuana vip cultivada por los invasores, quienes alegan falsamente dedicarse a la agricultura familiar para el sustento en la lucha contra la pobreza. Por medio de la fuerza, los supuestos «campesinos» buscan legalizar la propiedad privada.

Propietarios de la Agroganadera Pindó S.A. dieron a conocer un comunicado para aclarar «mentiras en cadena» pregonadas por invasores de la estancia invadida con el propósito de «regularizar» la ocupación a través de la narrativa de victimización, insultos y difamaciones, propia de organizaciones violentas que reclaman reivindicaciones a través de la fuerza.

Al mismo tiempo, ante recientes declaraciones públicas de líderes del asentamiento ilegal 1º de Marzo que solicitaron la legalización de la invasión invocando el arraigo de más de 450 familias, afirmaron que la ocupación de casi 15 años, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas que alegan los violentos no confieren derechos de dominio automático sobre tierras pertenecientes a terceros que, según el artículo 109 de la Constitución Nacional, son inviolables.

Por consiguiente, cualquier iniciativa del Estado destinada a regularizar la situación territorial (en la Agroganadera Pindó S.A.) debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables, añadieron los dueños de la estancia.

Recalcaron que la existencia de una denominada «colonia de hecho» no equivale de ninguna manera a la constitución legal de una colonia ni autoriza, por sí misma, la transferencia de la propiedad de los inmuebles ocupados.

«Las necesidades sociales deben ser atendidas por el Estado mediante políticas públicas legítimas, sin trasladar unilateralmente a los propietarios las consecuencias de un conflicto que corresponde resolver conforme a la Ley»,  puntualizaron.

A través del comunicado, los dueños de la agroganadera invadida informaron a la opinión pública en general que continúan con las acciones civiles y penales iniciadas hace 14 años, en coincidencia con la invasión violenta de los supuestos «campesinos sin tierra» convertidos en depredadores brutales, productores de droga, abigeos, portadores de armas de guerra y fabricantes de bombas caseras, entre otras perlas develadas por la Senad.

La empresa también desmintió «categóricamente» haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté (Departamento de Canindeyú) o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por los invasores.

«Las acciones civiles y penales (impulsadas por los propietarios de Pindó S.A.) se iniciaron a raíz de la ocupación de los inmuebles, en el año 2012, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones, que permanecen abiertas», apuntó el comunicado.