El senador Hugo Richer es visto profiriendo mensajes de violencia ante invasores de Pindó, luego de que sus colegas Sixto Pereira y Pedro Santacruz hicieran lo mismo incitando a la lucha de clases, la violación de la ley y el atropello abierto a la propiedad privada.

Personas violentas que se hacen llamar campesinos sin tierra, y más últimamente socios de una comisión vecinal que bautizaron “Joajú” (que irónicamente significa “amistad”) han recurrido a varias instancias legales para tratar de “legalizar” la invasión, y en todas ellas han sufrido reveses debido a que la intención de los mismos confronta gravemente con la Constitución Nacional y las leyes de la República, entre ellas las que consagran el derecho a la propiedad privada y el castigo a los que acuden a la violencia como esquema para reivindicar derechos, en este caso sobre la propiedad ajena.

Los invasores del establecimiento Pindó, en la zona de Ybyrarovaná, departamento de Canindeyú, están atrincherados desde el 2012 en la propiedad ajena, y en todo este tiempo se han dedicado sistemáticamente a destruir los intereses materiales de los dueños, y desarrollar un esquema de depredación irracional e impune de los valiosos recursos boscosos del sitio, específicamente una reserva de árboles nativos de valor millonario que los usurpadores aprovechan con recurrencia y velocidad para generar recursos espurios.

Durante todo este tiempo, los depredadores acudieron ante el Indert a solicitar la intermediación de esta institución para la adquisición de las tierras de Pindó como sede física de la “Comisión Vecinal Joajú”, pero la pretensión fue rechazada porque la estancia Pindó tiene mensura judicial debidamente inscripta.

Paralelamente con las causas judiciales, se inició un expediente sobre esta pretensión de los invasores sobre las tierras de la estancia Pindó ante las oficinas del Indert, “Expediente Nº 1144/12 s/reconocimiento de comisión vecinal Joaju”.

A la fecha, el expediente se encuentra concluido, con resoluciones que rechazaron las pretensiones de este grupo tras la constitución del equipo técnico interdisciplinario del Indert en la Ganadera Pindó, que constató las explotaciones racionales tanto agrícolas como ganadera, realizadas por los propietarios y la existencia de un área boscosa (reserva forestal) en un avanzado estado de deforestación, que los propietarios y vecinos del lugar califican de verdadero ecocidio.

Ante la situación declarada, los violentos acuden de forma recurrente a los favores interesados de políticos oportunistas, quienes a través de la ideología han establecido un puente de “ayuda mutua” que, en la práctica, significa pasar por encima de las leyes de la República para consumar un acto ilegítimo e incluso criminal, como el propio intento de “legalizar” la invasión, la utilización abierta de armas de fuego, el abigeato, la depredación y la producción de marihuana para surtir al esquema de narcotráfico que opera campante en el lugar.

Hace unas semanas, los senadores socialistas Hugo Richer, Sixto Pereira y Pedro Santa Cruz fueron vistos en la invadida estancia Pindó pronunciando arengas a los violentos acerca de la importancia «para la causa» de mantenerse contra viento y marea en la propiedad ajena, prometiendo «ayuda» y apoyo desde el Congreso para «legalizar» la ocupación, lo cual motivó la reacción de sectores productivos y de sus propios colegas parlamentarios, que pidieron someter a juicio a estos representantes del pueblo por hacer apología de la violencia y la violación descarada de la Constitución Nacional que ellos mismos establecen y alegan defenderla en el momento de hacer el juramento de cargo.

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