Autoridades encargadas de la seguridad en las cárceles recorren las instalaciones modernas pero inseguras de la cárcel de Emboscada y señalan en una sola voz que ya no habrá escándalos de fuga en ese antro de «máxima seguridad».

Autoridades penitenciarias encabezadas por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, realizaron una visita de inspección y control en el centro penitenciario Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, donde procedieron a ordenar correcciones en el mecanismo de seguridad, especialmente, teniendo en cuenta el agujero institucional que dejó la fuga de dos presos de alta peligrosidad en esa cárcel supuestamente de «máxima seguridad» que a la hora de la verdad hace agua en los sectores de control y de mando.

Nicora, quien según el escrutinio ciudadano debía renunciar o ser destituido a raíz de la escandalosa fuga, estuvo acompañado por el director general de Establecimientos Penitenciarios, Óscar Pereira, y el viceministro interino de Política Criminal, Aldo Pastore.

Durante el recorrido, la comitiva visitó los distintos sectores del establecimiento y acompañó los trabajos operativos del equipo interventor, encabezado por Gustavo Ferriol.

La inspección forma parte de las medidas adoptadas tras la fuga, que motivó la apertura de investigaciones penales y administrativas para determinar las responsabilidades y complicidades, en coordinación con el Ministerio Público.

En ese contexto, el ministro impartió instrucciones al equipo interventor y a los mandos presentes para reforzar los controles internos, ajustar los sistemas de seguridad y eliminar posibles vulnerabilidades que permitan evitar nuevos incidentes.

«Desde el Ministerio de Justicia ratificaron el compromiso de fortalecer el sistema penitenciario, erradicar las prácticas irregulares y garantizar la transparencia en la gestión de los establecimientos penitenciarios», señala la información protocolar correspondiente, en medio de severas sospechas, dudas y desconfianza que ha generado en la población el accionar del personal penitenciario, comenzando por los directores y jefes, responsables solidarios del escándalo de fuga que ganó los titulares de medios y precipitó la reacción crítica de la ciudadanía.

Los presos fugados fueron identicados como Ricardo Merlo, sentenciado a 14 años de prisión por tráfico de drogas y delitos relacionados, y el temible criminal pedrojuanino Éver Alejandro Ozuna, condenado a 28 años de cárcel por un rosario de delitos penales, entre ellos secuestro agravado y sicariato.

El escándalo provocó la destitución del coronel retirado Rubén Darío Peña, hasta entonces director general de Establecimientos Penitenciarios, y otros jefes y guardias de seguridad del penal Martín Mendoza sospechados de complicidad en el escape.