La fuerza pública debe hacer uso de la fuerza, garantizado por la Constitución Nacional, para restablecer el quebrantado Estado de Derecho en el norte, afirma el comunicado, tras expresar su respaldo y pedir resultados a la FTC.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) salió a defender el Estado de Derecho en peligro a causa de grupos criminales instalados impunemente en el norte de la Región Oriental del país, y expresó su rotundo rechazo a la situación de inseguridad latente debido al azote de organizaciones que operan amparados por el poder político y tienen como finalidad destruir la paz de la República.
“Con el terrorismo no se negocia”, afirma el gremio rural en referencia el último caso de secuestro extorsivo con saldo falta de un joven de 23 años en la zona de Puentesiño, fronteriza con Brasil, mientras otros tres compatriotas, Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, se mantienen cautivos y sin noticias sobre su suerte.
“El terrorismo golpea cruelmente a una sociedad que sigue buscando una salida a la devastación que dejó a su paso esta pandemia, y aún no termina”, expresa el comunicado.
Añade que el vandálico acto de terror generado con el crimen de Jorge Ríos se materializó con ensañamiento innecesario e infame.
“El secuestro extorsivo o con fines pseudoideológicos debe ser desterrado definitivamente. Exigimos y respaldamos a los organismos de seguridad del Estado, al tiempo de pedirles resultados, mayor presión y la utilización de todos los recursos de la fuerza sobre estos grupos criminales”, añade el documento, firmado entre otros por el presidente de la ARP, Dr. Pedro Galli Romañach.
Aclara que solamente los organismos de seguridad del Estado tienen el legítimo derecho, y la obligación, de ejercer el uso de la fuerza en todo su alcance.
“En consecuencia, la mala administración, o la falta de resultados, también es de su entera responsabilidad”, alega.
De acuerdo al comunicado, sostener el Estado de Derecho está en manos de todos los poderes y de la sociedad civil, por lo cual solicita a los legisladores y al Poder Judicial trabajar sobre condenas más duras para el delito de terrorismo.