El senador Filizzola, que reclamó a gritos la destitución de Peña y cárcel para corruptos de otros partidos, durante 5 años se rió de la justicia para lograr su libertad, pero ahora deberá enfrentar otra vez cargos de latrocinio, según la carpeta fiscal. (Foto: Diario Hoy).
Las instancias correspondientes hicieron su parte para que el expresidente Santiago Peña sea destituido de su cargo, en una medida extrema e histórica, y ahora deben continuar su actuación para que Miguel Prieto y Rafael Filizzola reciban el castigo que merecen por los robos que cometieron, afirman este domingo indignados sociales que siguieron de cerca los acontecimientos que develaron el sonoro escándalo de Ueno Bank y el rápido defenestramiento de Peña, entre otras medidas recibidas con vítores pero también la decepción instalada por la mentalidad saqueadora de autoridades que deberían ser celosos custodios de los bienes y recursos públicos.
«Está muy bien que Peña y sus secuaces estén entre rejas, pero no debe haber discriminaciones a la hora de instalar justicia para todos», opina Alejandro Medina, en coincidencia con centenares de posteadores que evacuan munición gruesa contra la cultura de robo en las instancias de poder del Paraguay y la tradición de impunidad que permite a muchos acusados de saqueos gozar en libertad a la sombra de chicanas, como es el caso del senador nacional socialista, Rafael Filizzola.
En una medida calificada de insólita, el Ministerio Público desbarajó ante la Corte Suprema de Justicia documentos contundentes que evidenciaban errores y vicios procesales graves de la causa penal contra el exministro del Interior de la era Lugo, y logró que se levantara el cuestionado sobreseimiento que había determinado la impunidad del activista opositor, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados patentizados en un rosario de irregularidades en facturaciones y perjuicio patrimonial de 1.200 millones de guaraníes en el sonado caso «comisarías de oro», etiquetado así al expediente de puestos policiales en estado ruinoso del interior del país que supuestamente fueron mejorados, pero las evidencias expusieron una artera excusa para robar la plata pública.
En mayo de 2025 la instancia superior de justicia ordenó el sobreseimiento de Filizzola por prescripción de la causa, pero el Ministerio Público no se allanó a la «injusticia» y golpeó de nuevo las puertas de la Corte para revocar la resolución de primera instancia, que tuvo respuesta afirmativa un año después de la controvertida libertad del cuestionado exministro luguista.
En su escrito de apelación del pedido de sobreseimiento de Filizzola, los fiscales señalaron que la propia Corte había rechazado la prescripción tras evidenciarse el «esfuerzo» vehemente de la defensa para contaminar la continuidad del juicio y mandar al archivo la sentencia que se veía venir.
Los fiscales también afirmaron que el encadenado de incidentes y recusaciones (chicanas) sumaron el récord de 5 años y medio, tiempo muerto que la ley no computa a favor del imputado, en este caso el senador Filizzola.
En el caso de Miguel Prieto, el exintendente municipal de Ciudad del Este que quiere ser presidente de la República en representación de la hermandad de izquierda está acusado de saquear la comuna altoparanaense a través de una variada gama de delitos que determinaron perjuicios superiores a 2.000 millones de guaraníes, según el Ministerio Público que logró elevar la causa juicio oral y público.
La denuncia fiscal pone en la mira a «Tía Chela», una despensa de barrio asociada a Prieto que supuestamente «vendió» 25 toneladas de alimentos a familias vulnerables durante la pandemia del covid, por valor de 2.949.650.000 guaraníes, pero se comprobó con documentos que solo entregaron kits para la foto, en coincidencia con el electoralismo agresivo camino a la presidencia del país.
Prieto enfrenta un segundo pedido de juicio oral por el caso Tajy, donde se revela una posible tragada de más de 300 millones de guaraníes también por compra irregular de alimentos durante la pandemia del covid a través de la compra directa.
En esta causa, el controvertido político asociado a escándalos enfrenta cargos de robo, estafa y asociación criminal, entre otras perlas.
