Los invasores buscan «legalizar» la ocupación de la propiedad privada con la ayuda de «compañeros senadores» populistas que no reparan en pisotear la Constitución Nacional y el derecho a la propiedad privada con tal de sustentar prosélitos.
Los senadores socialistas Hugo Richer, Pedro Santa Cruz y Sixto Pereira volvieron a repetir la historia registrada hace 8 años, cuando fueron vistos en una ocupación violenta arengando a los invasores y ofreciendo acompañamiento para “legalizar” la propiedad privada usurpada.
Los tres representantes del pueblo acudieron hace unos días nuevamente al lugar, perteneciente al establecimiento Pindó de la jurisdicción de Ybyrarovaná, donde se han atrincherado hordas de supuestos campesinos convertidos en prósperos delincuentes con la venta masiva, sostenida e impune de maderas extraídas a mansalva del valioso bosque nativo de 2.200 hectáreas que durante todo este tiempo han venido depredando ante la vista cómplice de las autoridades de la zona, el Mades e Infona.
De acuerdo a los datos, los senadores de la oposición de izquierda profirieron epítetos descalificadores contra los propietarios legítimos del establecimiento y contra los dueños de grandes extensiones de tierra de Canindeyú y del país, a quienes señalaron como detentadores de bienes malhabidos sin aportar pruebas, en una clara demostración de populismo rampante, propio de políticos oportunistas.
Los invasores de Pindó se autodenominaron “campesinos sin tierra” y pusieron el nombre épico de 1º de Marzo a la propiedad, desarrollando un esquema de perversión inmobiliario que apunta a extraer los recursos naturales del lugar y ofertarlos abierta e impunemente a cualquier interesado, especialmente industrias madereras diseminadas como hongos en el entorno.
De acuerdo a los datos, por una hectárea de bosque natural depredado, la organización campesina se embolsa al menos 60 millones de guaraníes, y a más de ello se estarían dedicando a full al cultivo de marihuana y la práctica del abigeato, entre otras perlas delictivas.
“Lo que se hubiera esperado de estos supuestos representantes del pueblo es que ordenen a los usurpadores abandonar la propiedad privada, y honrar sus astronómicos salarios y privilegios trabajando para buscar un lugar legítimo para sus adherentes”, afirmó la abogada de Pindó, Margarita Colmán.
Añadió que, en la misma medida que los invasores buscan “legalizar” la usurpación, “nosotros vamos a luchar por recuperar nuestro dominio violentado con la ayuda de autoridades que sí respaldan el Estado de Derecho y la seguridad jurídica”.
Comentó que “bajo ningún punto de vista, en un país que se precia de democrático y regido por una Constitución Nacional con leyes que consagran la propiedad privada y castigan la violencia en todas sus formas, se puede aceptar que sean senadores de la Nación los que incentiven el caos y la anarquía social con la desobediencia y la rebeldía”.