EE.UU. se ríe del Paraguay, según se desprende de un contundente informe de la ONU que reprende las barbaridades políticas, jurídicas y económicas aplicadas por el país del Norte a personas acusadas unilateralmente de corruptas. En la foto, el reprochado embajador Ostfield.

Estados Unidos impone la ley del más fuerte, al más puro estilo de dominios bárbaros donde no impera la majestad del Estado de Derecho sino el «precepto del garrote». Esto es lo que se deduce del informe oficial de las Naciones Unidas dadas a conocer este lunes y que no generan aún ninguna reacción del gobierno y sus aliados, a pesar de que los graves cuestionamientos contra el país del Norte que funge de sheriff del mundo provienen de la misma organización donde Estados Unidos y Paraguay son países miembros.

“Estados Unidos lleva años imponiendo sanciones a personas y entidades sin jurisdicción penal nacional y en ausencia de jurisdicción universal”, declara la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, sobre el impacto negativo de las medidas represivas unilaterales del país norteño en los planos jurídico y de derechos humanos.

Añade que Estados Unidos comete de esta manera una clara violación del derecho a las garantías procesales, incluida la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado, entre otros, por el país norteamericano y también por Paraguay como socios plenos de la ONU.

ONU va más allá y critica cuestiones de fondo sobre el accionar de Estados Unidos en el exterior.

Tras señalar implícitamente que oficia de juez y parte en casos puntuales, sostiene que procede de forma ilegal a aplicar sanciones “contra individuos en el extranjero por presuntas actividades fuera de Estados Unidos, incluidas actividades que son legales (en países) donde ocurren”.

“Las sanciones secundarias ocurren cuando éstas se dirigen contra personas y empresas extranjeras por su presunta interacción con las partes penalizadas o por evadir los regímenes de sanciones”, alega la más grande organización de países del mundo.

Luego de que el vicepresidente Hugo Velázquez y el expresidente de la República Horacio Cartes fueran declarados “significativamente corruptos” de forma unilateral, sin la presentación imprescindible de pruebas y sin conceder el universalmente consagrado derecho a la defensa, el gobierno de Estados Unidos, entre otras sanciones, prohibió que empresas del Grupo Cartes operaran en territorio estadounidense y fue más allá al prohibir que cualquier empresa con interés en operar en el mismo mercado mantenga algún grado de vinculación con las compañías de Cartes, so pena de sanciones aún más graves y concluyentes.

Luego del silencio sepulcral del gobierno paraguayo, y de sonoros epítetos electoralistas de la clase política opositora y mediática aliadas al abdismo, la propia ONU sale a dar su versión de los hechos, poniendo en tela de juicio la intromisión de Estados Unidos en asuntos internos del Paraguay y la serie de penalidades políticas, económicas y jurídicas aplicadas unilateralmente a sus víctimas propiciatorias sancionadas en violación a los derechos humanos universales, según la ONU.

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