El embajador «entrometido» en asuntos internos de los países, según ONU, estrecha reverente la mano de Marito, calificado como su «secretario privado». Estados Unidos hace lo que quiere en países del exterior, menos en gobiernos socialistas.
Como si el informe especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no significara mayor importancia y fuere solo un compendio de cotilleos de vecindario, Estados Unidos vuelve a establecer sanciones a ciudadanos paraguayos acusados de corruptos, sin la aportación de pruebas o evidencias documentales como exigen los Estados de Derecho de todos los países democráticos del mundo, incluso la propia justicia estadounidense, que en el caso de Paraguay hace reservas arbitrarias propias de un gobierno tirano y autocrático.
La ONU emitió recientemente un lapidario informe que acusa a Estados Unidos de imponer su hegemonía por la fuerza, violando impunemente los derechos humanos, como en el caso de Paraguay, donde un expresidente y el actual vicepresidente de la República han sido acusados de “significativamente corruptos”.
ONU calificó este hecho como “una decisión coercitiva e unilateral, sin participación de partes” a más de «violatoria de derechos humanos» en el contexto de la violación del derecho a un juicio justo, entre otras prescripciones.
A la media mañana de este jueves, el polémico embajador norteamericano, Marc Ostfield, dio a conocer ante la prensa el informe de su país que declarada significativamente corruptos al político abdista Édgar Melgarejo (procesado por el millonario caso “tapabocas de oro” en la Dinac, donde ofició como presidente); Jorge Bogarín Alfonso (miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura) y Vicente Ferreira (pariente del intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez, y del exdiputado Vicente Rodríguez).
La misma medida adoptó el país norteamericano a mediados del año pasado contra el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el expresidente Horacio Cartes, quienes también fueron informados acerca de la prohibición de ingresar a territorio estadounidense con sus respectivas familias directas y, en el caso del presidente del Partido Colorado, recibió la prohibición de que sus empresas operaran dentro de ese territorio, entre otras sanciones calificadas por la ONU como “unilaterales” y violatorias de los Derechos Humanos en el contexto del sagrado derecho a la defensa y al juicio justo.
En todos los casos, el gobierno acusador no presentó pruebas ni elementos documentales relacionados con las sanciones, y ni siquiera se dignó en anunciar datos relacionados a juicios o presentaciones documentales que justificaran su accionar “unilateral”, contraria a los códigos de procedimiento jurídico de todos los países miembros de la ONU, de la cual Estados Unidos es miembro pleno.
Ni bien se tomó conocimiento de las nuevas sanciones de Estados Unidos, sectores político-mediáticos aliados en unidad de espíritu, visión y procedimiento en busca del continuismo con Efraín o cualquier actor anticartista emitieron voces de celebración y júbilo, destacando la intervención de Estados Unidos en nuestro Estado de Derecho, a pesar de que esas acciones vulneran olímpica e impunemente normas procedimentales rígidas para este tipo de injerencias que, a cielo abierto y sin rubor, son alentadas desde el mismo gobierno de Abdo Benítez, acompañado de la oposición y aliados mediáticos afines en acciones y omisiones.